Opinión
La Jornada
08/04/2025 | Ciudad de México
La secretaria de
Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reafirmó ante integrantes del colectivo Guerreros Buscadores que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es atender los casos de personas desaparecidas y no localizadas como una prioridad de Estado, así como garantizar que haya verdad, justicia y que se actúe con sensibilidad con las víctimas indirectas de desaparición. La líder de dicha agrupación, Indira Navarro, replicó que los 26 colectivos de búsqueda existentes en Jalisco y los 145 a nivel nacional no son enemigos de las autoridades, sino que esperan trabajar en coadyuvancia, ser escuchados y alcanzar acuerdos a fin de dar con el paradero de sus seres queridos.
El primer encuentro de la encargada de la política interior con los grupos de ciudadanos que buscan a sus familiares desaparecidos indica que en el gobierno federal existe la actitud correcta ante la problemática de las desapariciones: continuar el abordaje que se le dio desde el sexenio anterior, pero también reconocer que persiste una carencia metodológica y logística que impide ya no solucionarlo, sino incluso conocer de manera fiable el punto de partida, es decir, el número real y las identidades de las personas desaparecidas. Esta carencia radica en la falta de bases de datos unificadas en las cuales las 66 instancias de los tres niveles de gobierno que deben contribuir a la búsqueda y localización puedan consultar el estatus de cada caso, acceder a toda la información disponible, actualizar los registros conforme avanzan en las indagatorias y, en suma, operar de manera coordinada a partir de los mejores datos posibles. Por ejemplo, en la actualidad las bases de datos no se actualizan de manera automática cuando una persona reportada como desaparecida es localizada, lo cual ocasiona una dispersión de los esfuerzos y recursos que deben focalizarse en quienes permanecen en paradero desconocido.
Acabar con tales carencias es justamente el objetivo de las iniciativas de reforma remitidas al Congreso por la presidenta Sheinbaum a fin de consolidar la Clave Única de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzar con todos los registros administrativos que existen en el país; crear la Base Nacional Única de Información Forense; establecer la Plataforma Nacional de Identificación Humana y fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, encargado de gestionar la plataforma homónima. Aunque tales modificaciones sin duda redundarán en mejores capacidades para agilizar la localización y esclarecer los casos de desapariciones, es positivo que el debate legislativo de las iniciativas se haya frenado, por solicitud de la mandataria, a fin de integrar en ellas las propuestas de los colectivos que, forzados por las circunstancias, han adquirido conocimientos y experiencias invaluables en torno a este drama, que es el suyo. Además de reconocer el valor de sus aportes, al pausar las discusiones en el Congreso se da una muestra de respeto y empatía con el dolor de las víctimas: para avanzar hacia el esclarecimiento, la justicia y la reparación del daño, la coordinación entre las autoridades ha de ir de la mano con la colaboración con los familiares.
El problema de desaparición forzada en México tiene una matiz singular porque, al contrario de lo que ha ocurrido aquí en otras épocas y de lo que sucede en otras latitudes, no tiene como agente al Estado, sino a una multitud de organizaciones criminales que operan en la ilegalidad. Aunque el gran número y el carácter clandestino de los victimarios dificulta dar con ellos y hacerlos rendir cuentas por sus actos, es razonable esperar que los avances en la pacificación y la reducción de la violencia delictiva redunden en la disminución del drama personal y nacional de las desapariciones.
Edición: Estefanía Cardeña
