Guanajuato: rectificacion saludable

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunciaron ayer que harán a un lado sus diferencias políticas a fin de trabajar en un plan conjunto de seguridad para el estado.

En el marco de la gira presidencial por la entidad, el mandatario local panista anunció que desde el pasado 5 de julio asiste a las reuniones diarias del gabinete de seguridad federal, con lo cual, reconoció, han mejorado los resultados de la operación conjunta entre las diversas corporaciones que buscan restablecer el orden público y poner freno a la ola de violencia que azota a la región.

Desde diciembre de 2018, Guanajuato encabeza las cifras de homicidios dolosos en el país, y en las semanas recientes ha sido escenario de episodios particularmente cruentos, como la masacre de Irapuato en la cual 27 jóvenes fueron asesinados en un centro de rehabilitación de adicciones por presuntos miembros del cártel Santa Rosa de Lima. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cuatro meses del año mil 686 personas fueron asesinadas en la entidad: 443 en enero, 400 en febrero, 444 en marzo y 399 en abril.

Pese al visible deterioro de la seguridad pública, en diciembre pasado el gobernador Rodríguez se jactó de no haber concurrido a las reuniones del gabinete en la materia y afirmó que no asistiría a ninguna. Además, en varias oportunidades buscó responsabilizar a la Federación por la crisis de violencia del Bajío. Aunque el repunte de homicidios en Guanajuato antecede a la llegada de ambos políticos a sus respectivos cargos, está claro que cualquier desacuerdo o desavenencia entre las autoridades debilita la acción del Estado, y amplía de ese modo el margen de maniobra a la criminalidad. Debe subrayarse que el artículo 21 constitucional establece la seguridad pública como una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, por lo que ninguno de los tres niveles de gobierno puede desentenderse de la responsabilidad en el tema. Por último, es necesario considerar que la estrategia vigente de seguridad federal forma parte de un proyecto político respaldado por la ciudadanía en las urnas, lo cual le otorga un mandato popular que está más allá de rencillas o diferencias partidistas.

Ahora cabe saludar que el cruce de señalamientos dé paso al entendimiento y trabajo conjunto, y que el gobernador rectifique su postura en beneficio de los guanajuatenses. Con la emergencia por la que atraviesa la entidad, los actores involucrados no deben permitirse la descoordinación institucional.

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