COVID-19: educación o coerción

La policía de San Miguel Allende, Guanajuato, detuvo el sábado pasado a dos personas que transitaban sin cubrebocas en esa ciudad, según informó ayer la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, en observancia de disposiciones municipales que estipulan como obligatorio el uso de ese accesorio sanitario en la vía pública, establecimientos comerciales y transporte urbano.

Si bien la acción policial referida está justificada en los reglamentos y determinaciones oficiales, no deja de ser preocupante la tendencia a combatir por medio de sanciones y de medidas de fuerza actitudes que son, sin duda, irresponsables, o cuando menos poco conscientes, por parte de la ciudadanía. Aunque no fue el caso en San Miguel Allende, esta manera de forzar el acatamiento de precauciones de sentido común da pie a la comisión de atropellos y violaciones a los derechos básicos, como la muerte del albañil Giovanni López, ocurrida cuando se encontraba detenido por no usar cubrebocas, y atribuida a policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Ciertamente la pandemia de COVID-19 hace indispensable la adopción de una mejor cultura sanitaria, y ello implica educar a toda la sociedad para que cumpla el distanciamiento social, practique el lavado de manos con la mayor frecuencia posible y utilice mascarillas con el fin de minimizar las probabilidades de contagio. En las regiones cuyo semáforo epidémico se encuentra en rojo, es deseable, además, reducir al mínimo la movilidad y reforzar el confinamiento.

Pero las condiciones económicas y sociales de México hacen desaconsejable implantar tales conductas por medio de la fuerza o la coerción.

Por eso la administración federal se abstuvo de obligar a las personas a permanecer en sus casas –a diferencia de lo que hicieron otros gobiernos– y recurrió, en cambio, a la desmovilización de sectores enteros que no resultaran esenciales para el mínimo funcionamiento del país. De esa forma, en lugar de obligar a la gente a confinarse en su domicilio so pena de multa o cárcel, se eliminaron motivos para salir a la calle, al tiempo que se difundió una campaña informativa sobre el comportamiento de la pandemia, los riesgos de la infección y las medidas para reducir la posibilidad de contagios.

Es claro que la superación del fenómeno epidémico requiere de la corresponsabilidad de las autoridades, las empresas, las diversas organizaciones y la ciudadanía en general. En este sentido, es lamentable el que las arquidiócesis de Tlalnepantla y Toluca hayan reabierto los templos católicos ayer, cuando todavía el estado de México se encontraba en semáforo rojo, sin esperar a la fase naranja, que empieza hoy.

Ni las actitudes autoritarias por parte de autoridades civiles ni las posturas irresponsables asumidas por organizaciones religiosas contribuyen a concientizar a la sociedad ni a reforzar las conductas informadas, sensatas y solidarias que tanto se necesitan en la actual circunstancia.

Edición: Emilio Gómez