Opinión
La Jornada
06/06/2025 | Ciudad de México
La
Corte Suprema de Estados Unidos desestimó de forma unánime (9-0) la demanda que el gobierno mexicano presentó contra ocho importantes fabricantes de armas de fuego por contribuir a la violencia armada perpetrada por cárteles del narcotráfico a través de prácticas comerciales negligentes como una distribución poco regulada y estrategias de mercadotecnia dirigidas, de forma disimulada, pero inocultable, a los integrantes del crimen organizado. Pese al sólido caso presentado por las autoridades mexicanas, quienes encarnan la justicia estadunidense (en ese país, los jueces del máximo tribunal son denominados
justice, término que también significa "justicia") concluyeron que la demanda "no plantea de manera plausible que las compañías hayan ayudado e instigado directamente la venta ilegal de armas a grupos criminales".
El fallo supone el final de una de las batallas jurídicas del gobierno federal mexicano para que quienes lucran con la muerte respondan por sus actos en suelo estadunidense. Sin embargo, sigue su curso, en la etapa de producción de evidencia, el juicio interpuesto en 2022 en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas distribuidoras de armas que realizan ventas a sabiendas de que la mercancía terminará en manos de narcotraficantes y otros delincuentes. Tampoco significa que México deba abstenerse de llevar el caso a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia de la ONU o la Corte Penal Internacional.
La sentencia de la Suprema Corte, avalada por los tres integrantes presuntamente progresistas que le quedan, demuestra hasta qué punto el armamentismo permea a todas las capas de la sociedad estadunidense, la cual defiende el "derecho" a poseer, portar, vender y adquirir armas de fuego con mucho más ardor que las garantías sociales y políticas que le son arrebatadas todos los días por la oligarquía de Washington y Wall Street. Asimismo, es un recordatorio del invencible músculo los cabilderos de las armas en los pasillos de la Casa Blanca, el Capitolio y el Templo de la Justicia –aunque suene a broma, tal es el nombre que recibe el recinto que alberga al máximo tribunal–. Y es también una nueva exhibición de la esquizofrenia que se ha apoderado de quienes mandan en Estados Unidos: declaran "organizaciones terroristas" a los cárteles mexicanos, pero bloquean cualquier acción que pudiera obstaculizar el flujo de armas de alto poder que necesitan para llevar a cabo sus actividades.
Más allá del aberrante fallo judicial y de los sinsentidos que se producen en Washington, la demanda mexicana ha sido indudablemente positiva al permitir que muchísima gente en ambos países y en otras partes del mundo conozca el papel de la industria armamentística estadunidense en la generación de violencia y en el tráfico de armas que matan a cientos de miles y reducen a un lamentable estado de dependencia a millones de personas en la superpotencia. Con su determinación para hacer que fabricantes y comerciantes de armas de fuego rindan cuentas por sus prácticas antiéticas, las autoridades mexicanas han hecho un gran servicio a las causas del desarme y la justicia; la de verdad, no la que adopta ese nombre para pisotearlo.
Edición: Ana Ordaz
