Layda, Armenta y la censura

Una notable mayoría de gobernadores llegados al poder bajo las siglas de Morena constituyen la principal prueba de cargo contra ese partido y su proceso de regeneración nacional. Con muy pocas excepciones (tan pocas que este tecleador no atina a ponerles nombres y apellidos), la gestión de los gobernadores morenistas, y de sus aliados del Verde, ha sido una continuidad, con frecuencia, agravada, de los vicios tradicionales del priismo.

En el abanico de acciones inaceptables de esa élite gobernante guinda ha destacado en días recientes la acometida de la campechana Layda Sansores y el poblano Alejandro Armenta contra expresiones periodísticas, a niveles cavernarios en el primer caso, con prohibición incluso de que un acusado ejerza el periodismo durante un tiempo, además de otras sanciones, y, en el segundo caso, con la aprobación de una reforma penal que permite castigar, con multa y cárcel, a quien caiga en el supuesto de practicar un "ciberasedio" contra alguien.

Ante tales posturas censoras de dos gobernadores de la 4T, la presidenta Sheinbaum dijo ayer en la Mañanera, sin entrar en detalles de cada expediente, que está en contra de cualquier forma de censura, en especial si ésta implica acciones penales. ¿Recularán Sansores y Armenta?, ¿simularán correcciones?, ¿se mantendrán en las posturas en las que han abundado en declaraciones?

Hasta ahora, el grueso de las acciones fuertes de los gobiernos de Estados Unidos y México han ido contra el cártel de Sinaloa y las fragmentaciones que se produjeron a partir del aún inexplicado episodio en que un hijo de El Chapo Guzmán y el legendario Ismael Zambada, El Mayo, acabaron aterrizando en un aeropuerto gringo, entregados a autoridades del vecino país, con todo lo que ello ha implicado.

Ayer, la mirilla rectora de Estados Unidos se posó en el otro cártel relevante de México, el Jalisco Nueva Generación y su líder formal, Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, de quien largamente se ha dicho que está muy enfermo, virtualmente incapacitado para ejercer el mando puntual de tan enorme empresa criminal.

El enfilamiento de acciones que deberán realizar Omar García Harfuch, el jefe policiaco claudista que justamente sufrió un atentado que en su momento fue atribuido al CJNG, y los jefes del Ejército y la Marina, son abiertamente asumidas como corresponsabilidad por las instancias estadunidenses de poder, tanto el Departamento del Tesoro como el embajador en México, Ronald Johnson.

El giro abierto contra el cártel jalisciense se produce entre versiones de semanas anteriores respecto a una presunta alianza de "la gente" de El Mencho con la rama familiar de El Chapo que se quedó en Sinaloa para tratar de mantener el negocio a flote (la otra rama familiar ya vive en Estados Unidos como parte de entendimientos con Ovidio y Joaquín, también hijos del capo histórico, Guzmán Loera).

Las probables operaciones binacionales contra la organización llamada "las cuatro letras" implica una batida nacional, pues ambos grupos, con sus escisiones, actúan y dominan virtualmente en todo el territorio nacional. Si Estados Unidos decide algún día ir extraterritorialmente contra estas organizaciones de "terrorismo internacional" (según la tipología trumpista), el campo de acción podría ser todo el país, no sólo Sinaloa y Jalisco. La opción no extraterritorial consiste en que los mandos mexicanos, bajo supervisión o en "colaboración" con los estadunidenses, potencien esa nueva guerra contra el narcotráfico.

Puro peso pesado en cuanto a liderazgo social y congruencia política en las propuestas presidenciales para consulados (en momentos tan críticos): el general Luis Rodríguez Bucio, ex comandante de la Guardia Nacional, a Dallas; el ex vocero de Francisco Labastida en la campaña priista de 2000, Marco Bucio (rescatado en el sexenio de AMLO), a Nueva York, y los ex priistas Marco Antonio Mena, ex gobernador de Tlaxcala, a San Francisco, y Carlos Uriarte a Boston… ¡hasta mañana!

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