Opinión
La Jornada
08/09/2025 | Ciudad de México
En un acto en la capital de Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la intención de su gobierno de recuperar Altos Hornos de México (AHMSA) y de garantizar la salvaguardia de los intereses de los trabajadores en el proceso judicial en curso tras la declaratoria de quiebra de ese conglomerado empresarial. Asimismo, señaló: “estamos haciendo justicia en el caso de Pasta de Conchos, no vamos a salir de ahí hasta encontrar al último minero”, en referencia a la tragedia de febrero de 2006 en la que 65 trabajadores murieron en la explosión y los derrumbes ocurridos en esa explotación, operada entonces por Grupo México, propiedad de Germán Larrea.
Horas más tarde, en Veracruz, la mandataria anunció la reactivación de la industria petroquímica en esa entidad, particularmente con la rehabilitación de la planta de fertilizantes de Escolín, en Poza Rica.
Estos anuncios tienen por denominador común que apuntan a corregir tres desastres causados por las privatizaciones, la corrupción y la voracidad empresarial de ambos corporativos. En el caso de AHMSA, cabe recordar que, tras su privatización en el sexenio salinista, Alonso Ancira Elizondo y varios de sus familiares utilizaron la empresa para perpetrar fraudes, estafas y lavado de dinero por centenas de millones de dólares, lo que condujo a la quiebra a un consorcio que daba empleo a decenas de miles de personas y en torno al cual giraban cientos de empresas medianas y pequeñas.
El costo social y humano de las operaciones criminales de los Ancira no sólo lo sufrieron los trabajadores de AHMSA, sino que causó una grave afectación al erario y representó un desastre para la economía regional de Monclova y de Coahuila en general. Por si fuera poco, los nuevos potentados del salinismo vendieron a Pemex –dirigida entonces por Emilio Lozoya Austin– la planta de fertilizantes Agronitrogenados, que se encontraba en ruinas, en decenas de veces su valor real.
Por lo que hace a la tragedia de Pasta de Conchos, cabe recordar que pertenecía a Grupo México, un conglomerado minero e industrial que con el nombre de Industrial Minera México había sido propiedad de la nación y que también fue rematado por Carlos Salinas.
Desde entonces, la administración de la empresa privatizada ha sido responsable de algunos de los desastres industriales y ambientales más graves en la historia reciente del país: al ya mencionado yacimiento de Pasta de Conchos –ocurrido en el sexenio de Vicente Fox– hay que agregar, por ejemplo, el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora (2014), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que causó impactos gravísmos en la salud, la agricultura, la ganadería y el abasto de agua potable en decenas de localidades de siete municipios a lo largo de más de 250 kilómetros.
Con estos antecedentes, es claro que los señalamientos de ayer de la presidenta Sheinbaum tienen el propósito de avanzar en la solución de algunas de las más graves catástrofes provocadas por las turbias privatizaciones del periodo neoliberal: la quiebra de AHMSA, el rescate total de los restos de los mineros que murieron en Pasta de Conchos y el resarcimiento del daño causado a Pemex por la destrucción deliberada y corrupta de su rama petroquímica, destrucción de la que resulta emblemática la estafa de Agronitrogenados.
Desde luego, la destrucción que trajo aparejada la política privatizadora de los gobiernos neoliberales trasciende, con mucho, los tres asuntos mencionados, pero resulta significativo que hayan tenido referencias especiales en las alocuciones presidenciales de ayer.
Cabe esperar, finalmente, que se vaya más allá y que se avance en la impartición de justicia, toda vez que los responsables de la quiebra de AHMSA, del fraude de Agronitrogenados y de la tragedia de Pasta de Conchos gozan hasta la fecha de algo muy parecido a la impunidad.
Edición: Ana Ordaz
