Opinión
La Jornada
08/09/2025 | Mérida, Yucatán
Los recientes días han sido de éxito para el gobierno federal en lo que se refiere a presentación de resultados en el combate a la delincuencia organizada. El fin de semana se dio a conocer la detención de
14 personas presuntamente implicadas en el huachicol fiscal; el tráfico ilícito de combustibles, por el cual ingresaron al país millones de litros de gasolinas y diésel, manifestados falsamente como aditivos. Ahora tocó el turno al narco, con uno de los aseguramientos más grandes de drogas sintéticas en la historia del país.
La información presentada refiere que las fuerzas federales inhabilitaron dos narcolaboratorios y decomisaron 21 toneladas de metanfetaminas ya procesadas en el poblado de Carricitos, Durango, mercancía cuyo valor se calculó en más de 6 mil 500 millones de pesos que ya no llegarán al cártel de Los Mayos.
El hallazgo confirma que los cárteles están golpeados, tras la detención de sus líderes históricos, pero mantienen la suficiente fortaleza como para seguir produciendo drogas sintéticas y su red logística es todavía lo suficientemente sólida como para trasladar esa cantidad de narcóticos a sus puntos finales de venta, especialmente a Estados Unidos. Esto debe entenderse como que tienen la capacidad económica para que los vehículos que empleen en la movilización no sean sujetos de revisión por parte de las autoridades y fuerzas del orden.
Por otro lado, el tamaño del decomiso da un indicio de la dimensión que tiene el mercado de los narcóticos: si se evitó que alrededor de 525 millones de dosis llegaran a las calles, es necesario preguntar cuántos adictos existen y qué se hace por ellos. El cuestionamiento vale también porque las drogas sintéticas han perdido importancia entre los negocios de los cárteles. Ahí están el tráfico de personas, la trata con fines de explotación sexual y también el huachicol fiscal; este último, vale recordar, los acerca con empresarios del transporte y concesionarios gasolineros que presumen honorabilidad.
Los aseguramientos y detenciones son hasta ahora señales de un éxito parcial en la persecución a la delincuencia organizada. Hace falta cerrar el círculo y que las carpetas de investigación que integre la Fiscalía General de la República (FGR) sean presentadas a los juzgados competentes y, además de condenas, se llegue a los socios “legales”; es decir, a quienes desde negocios establecidos y la banca facilitan la operación logística y el blanqueo de capitales. Esto será el desafío tanto para la FGR como para la nueva conformación del Poder Judicial de la Federación.
Mientras tanto, Estados Unidos parece empecinado en demostrar que tiene capacidad de perseguir extraterritorialmente al crimen organizado, en todo el mundo, pero particularmente a los mexicanos. La sentencia contra Eleazar Medina Rojas es un elemento más a considerar por parte de la política exterior mexicana.
Y de nuevo, al éxito siguen sospechas: el fallecimiento por razones aún desconocidas del
capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fuera titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y resultó implicado en el caso de la red de
huachicol fiscal, debe esclarecerse totalmente, porque de principio suena a un ajuste de cuentas para evitar que brindara más información a las autoridades.
Edición: Estefanía Cardeña
