En su segundo mandato Donald Trump abrió dos líneas de acción hacia Venezuela: una pragmática y otra de mano dura.
Primero frenó la operación de petroleras estadunidenses y la presión llevó a Venezuela a buscar el auxilio chino.
El protagonismo del adversario y las quejas de sus empresas hicieron que Trump renovara las licencias. Los gobiernos intercambiaron presos y el aeropuerto de Maiquetía recibe uno o dos vuelos semanales con migrantes deportados. En toda esta negociación el hombre de Washington es Richard Grenell, enviado especial para misiones especiales.
En la segunda tendencia, Trump desató una ofensiva propagandística y diplomática que culminó con el actual despliegue militar.
Al mismo tiempo, se acerca a su fin un litigio de unos ocho años, destinado a despojar a PDVSA de la refinería Citgo, con sede en Estados Unidos, un negocio de entre 11 mil y 13 mil millones de dólares. Una subasta puede concluir con la liquidación del mayor activo venezolano en el exterior, en beneficio de deudores y tenedores de bonos.
El principal vocero de la línea dura ha sido Marco Rubio. Además de secretario de Estado, es el consejero nacional de Seguridad interino desde mayo pasado.
Ambas líneas están activas, no hay una operación monolítica. Pero mientras la vía pragmática fluye con soluciones de continuidad, es difícil saber hacia dónde va el desplazamiento de buques de guerra.
Escenario externo
Por su parte, la decisión de Nicolás Maduro de retener el poder sin mostrar resultados de la elección de julio de 2024, le causó reacciones adversas de decenas de países.
En la región sólo tiene el apoyo explícito de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el bloque integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.
En una cumbre virtual, el grupo rechazó el despliegue de Estados Unidos y lo calificó de amenaza a la paz y violación del derecho internacional.
Más tarde, cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), también en encuentro virtual, expresaron apenas su “profunda preocupación” por los hechos.
Sólo firmaron la declaración 19 de los 33 miembros del organismo: los diez del ALBA más Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Surinam y Uruguay.
En una reunión virtual más, esta de los BRICS, Lula criticó: “La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia mundial en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación de paz de la región”.
Venezuela no tiene relaciones con Paraguay y Perú y con al menos otros seis países su trato está en mínimos, entre ellos Brasil y Chile.
Peor aún, Ecuador y Paraguay han expresado su abierto respaldo a la operación militar. También lo hizo Trinidad y Tobago, el archipiélago petrolero que además se apresuró a ofrecer libre paso a Estados Unidos en el caso de un conflicto armado por la disputa del Esequibo entre Venezuela y Guyana.
Y Guyana, que ya estaba en la primera línea de confrontación por ese diferendo, unió su demanda territorial con lo que llamó el “nuevo entorno”.
México, con su abultada y conflictiva agenda con Estados Unidos, no ha dicho una palabra sobre la crisis. La presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente, se limitan a citar la Constitución y a evadir así una definición.
Tampoco ha sido claro el gobierno mexicano sobre la relación bilateral. Su presencia en la asunción de Maduro, en enero pasado, fue al más bajo nivel posible, a través del embajador en Caracas.
Esta división latinoamericana reduce los costos políticos regionales de la incursión estadunidense.
Bajo la presión del norte, Venezuela ha fortalecido alianzas fuera de la región. Para Rusia es su “aliado estratégico más importante en América Latina”, con una fluida colaboración en defensa y seguridad. Para China es el principal receptor sudamericano de inversión.
Es decir que el desafío estadunidense salpica a Moscú y a Pekín, que ya manifestaron su rechazo a la incursión naval. También es un disuasivo para posibles inversionistas en la industria petrolera de Venezuela, con infraestructura y finanzas dañadas por años de sanciones, pero capaz de impactar precios y mercado como la mayor reserva de hidrocarburos que es en el mundo.
Cartas de navegación
Las cartas están tiradas sobre una porción del Caribe. Con un clima nacionalista fortalecido, Maduro moviliza a sus fuerzas armadas, convoca a los reservistas y refuerza la milicia.
La crisis puede prolongarse como una amenaza estadunidense o como un grave incidente con daños materiales, con ánimo de buscar un desgaste o una sobrerreacción venezolana.
Si fuera un real enfrentamiento al narcotráfico, no hay cómo entenderlo en un tramo con bajo registro de trasiego de droga, en contraste con las salidas desde Colombia y el movimiento en el corredor el Pacífico. Ni cómo explicar el uso de recursos convencionales de gran calado ante fuerzas irregulares, que por décadas han mostrado capacidad para cambiar de itinerarios y medios.
La movilización puede ser parte del mensaje belicista de la Casa Blanca, con su nueva “Secretaría de Guerra”. Pero, sobre todo, a diferencia de los golpes quirúrgicos que han ejecutado otros presidentes de Estados Unidos desde el 9/11, Trump experimenta el escalamiento de la fuerza en una nueva misión, el “narco-terrorismo”, no importa si se basa en hechos o en discursos.
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