Casinos: investigación ejemplar

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificaron 13 casinos donde se realizaban operaciones posiblemente relacionadas con recursos de procedencia ilícita mediante movimientos de efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Las casas de apuestas ya fueron bloqueadas para evitar que sean usadas por el crimen organizado, y se dio parte a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a fin de dar seguimiento a posibles delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa y cualquier otro.

Cabe felicitarse porque esta investigación de meses haya comenzado a rendir frutos en el desmantelamiento de lo que parece ser una red internacional de blanqueo de capitales por medio de empresas que siempre han estado bajo sospecha debido a la facilidad con que se prestan a la comisión de ilícitos, así como por la tenue línea que separa sus actividades del mundo criminal.

No puede olvidarse que el origen de los casinos tal como hoy los conocemos se remonta a la década de los 40 en Estados Unidos, donde el remoto pueblo desértico de Las Vegas fue súbitamente convertido en la capital mundial de las apuestas, el espectáculo y la prostitución como parte de un pacto tácito entre las autoridades estadunidenses y las grandes familias de la mafia, las cuales encontraron en los casinos la vía ideal para legalizar y multiplicar las ganancias obtenidas en sus actividades ilícitas (incluido, paradójicamente, el propio juego, que seguía prohibido en la mayor parte del país). En el caso mexicano, es inevitable señalar las múltiples sospechas y señalamientos de corrupción en la entrega de permisos para la operación de casinos en los sexenios de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, así como bajo el calderonato. En el primero de esos periodos, Fox y su secretario de Gobernación, Santiago Creel, otorgaron 340 licencias, más que las 229 concedidas entre 1970 y 2000.

Por estos motivos, la sociedad y las autoridades no involucradas en hechos irregulares siempre han tenido una mirada crítica hacia negocios que, siendo legales desde un punto de vista jurídico, resultan intrínsecamente nocivos para las comunidades donde se asientan, a donde llevan la adicción de la ludopatía, la bancarrota a personas de todos los estratos y una extracción de recursos que podrían tener mejores usos. Si a ello se añade su probable función de fachadas para el lavado de dinero, queda clara la importancia de proceder con toda la fuerza institucional del Estado, por más que los delincuentes de cuello blanco detrás de estas operaciones gocen de prestigio social al moverse en los círculos más altos del empresariado.

En cuanto a las voces que intentan desacreditar las investigaciones de la SHCP y la SSPC con la especie de que se encuentran motivadas políticamente, cabe recordar que las pesquisas cuentan con la colaboración del Departamento del Tesoro estadunidense, instancia a la que no se puede calificar de cómplice o simpatizante del gobierno mexicano. Asimismo, es necesario tener en cuenta que el lavado de dinero es una de las actividades criminales más nocivas, por cuanto es a través de ella que los delincuentes concretan las ganancias obtenidas en todos sus demás rubros, desde el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la trata de personas con fines de explotación sexual, hasta la evasión fiscal. Por ello, el combate al lavado golpea al corazón mismo de la criminalidad al privarlo del dinero en el que encuentra su razón de ser.

Edición: Ana Ordaz