Opinión
La Jornada
20/11/2025 | Ciudad de México
El gobierno mexicano colabora con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un cerco financiero contra Ryan James Wedding, un ex atleta olímpico de Canadá que se encuentra entre los 10 más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por su presunta participación en una red internacional de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y asesinato de testigos federales. Con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se detectó a nueve personas y nueve empresas que presuntamente han sido cómplices de Wedding en ilícitos que van desde el homicidio y el trasiego de sustancias hasta el lavado de dinero obtenido de la distribución de toneladas de cocaína en comunidades estadunidenses.
De acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, el ex deportista radicado en México “controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo, y trabaja en estrecha colaboración con el cártel de Sinaloa”, por lo que el Departamento de Estado aumentó la recompensa por información que lleve a su captura de 10 a 15 millones de dólares. Por su parte, la UIF apuntó que las investigaciones han documentado triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas en México, Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.
Si bien el involucramiento de Wedding en el crimen organizado parece un hecho, las declaraciones de Bondi y del director de la FBI, Kash Patel, tienen todo el aspecto de las narrativas urdidas por la Casa Blanca a fin de justificar su injerencismo y sus operaciones ilegales en todo planeta, y en particular en América Latina. En este sentido, la manera explícita en que ambos han usado las instituciones a su cargo para impulsar la agenda política y ejecutar las venganzas personales del presidente Donald Trump; el contexto del cerco marítimo y aéreo en torno a Venezuela así como los constantes “ofrecimientos” de “ayuda” militar a México, constituyen antecedentes que obligan a la máxima cautela ante cualquier afirmación de Washington acerca del narcotráfico.
Por otra parte, si todo lo dicho por esos funcionarios y la información compartida con las autoridades mexicanas es fidedigno, queda mucho por explicar. Es incomprensible, por ejemplo, que nunca se haya hablado de un grupo delictivo de semejante importancia, y que aparezca de la nada, sin al menos un nombre que lo identifique. Tampoco es verosímil que se hayan detectado empresas vinculadas a la red criminal en sitios tan distantes como Italia y Reino Unido, pero no en Estados Unidos, donde, a decir de sus propias instancias, se generan todas las ganancias de Wedding y los suyos. Si el dinero aparece en México, Canadá, Colombia y Europa, ¿cuáles son las entidades financieras, las personas y las firmas estadunidenses que lo canalizan hacia esos países y ese continente? A decir del Tesoro, “millones de dólares” se han movido primero a una joyería ubicada en Toronto y luego se han transferido a otros sitios mediante criptomonedas. ¿Se ha actuado contra las plataformas que manejan tales activos?
Ante todo, Washington debe aclarar por qué tiene la capacidad para rastrear y detener presuntos implicados en todo el hemisferio y allende el Atlántico, pero no en su propio territorio, donde dispone de un aparato de vigilancia tan poderoso que es capaz de localizar hasta al último recién nacido sin documentos migratorios en regla. Es tiempo de que las autoridades estadunidenses informen cuáles son los cárteles que mueven “toneladas” de drogas en sus carreteras y sus urbes, así como quiénes coordinan y se benefician de un negocio que evidentemente no puede ser manejado ni por pequeñas pandillas locales ni sólo por capos extranjeros y racializados.
Edición: Ana Ordaz
