Gobernador Armenta y periodista Ruiz

Aquí se ha dado cuenta en diversas ocasiones de los exabruptos del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en relación con periodistas que no se pliegan a las pretensiones de control del poder estatal.

En especial se han mencionado las acusaciones sin fundamento contra Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, un diario digital de amplia presencia regional a quien el mandatario, más marinista (por Mario Marín, el góber precioso) que morenista, señaló como cobarde, canalla y ciberdelincuente, con expresa solicitud a la fiscalía poblana para actuar contra quien, como luego se supo, no había escrito un texto en redes (sino el también periodista Héctor Llorame) que causó vivo enojo a Armenta, por criticar a una boxeadora profesional, llamada La Bonita, que es secretaria del Deporte y la Juventud en el gabinete estatal (columna sobre el tema: Gobernador poblano injurioso https://goo.su/2dRlgG).

Hoy y mañana, dicho periodista Ruiz debe acudir a un doble citatorio ante autoridades, bajo la acusación de operar recursos de procedencia ilícita (delito conocido popularmente como lavado de dinero). Las carpetas de investigación fueron iniciadas cuando Miguel Barbosa era gobernador del estado y durante años estuvieron inactivas, hasta ahora, según señala la Red de Periodistas de Puebla, “a raíz de la publicación en e-consulta sobre la plataforma Nódica, que según difundió el medio buscaría monitorear el apoyo de personas funcionarias públicas a mensajes gubernamentales”.

No se prejuzga ni se pretende que integrantes de un gremio deban sustraerse a la acción legítima de la justicia. Las acusaciones deberán ser probadas y, en su caso, sentenciadas de manera absolutoria o condenatoria. Pero resulta preocupante que, en un clima de constante agresión del gobernador de Puebla al ejercicio periodístico crítico, la concordante fiscalía estatal y el propicio Poder Judicial local desempolven expedientes y se amague con detenciones arbitrarias.

En Baja California ha sido castigado quien fue abusivo y desbordado gobernador, Jaime Bonilla Valdez, llegado al poder a nombre de Morena, hoy acomodado en el Partido del Trabajo. Recuérdese que este personaje pretendió extender unos años su periodo como gobernador sin mayor respaldo que el apoyo de la mayoría del Congreso estatal, lo cual fue invalidado por el Poder Judicial federal.

El castigo a Bonilla, en primera instancia (es decir, que puede presentar recursos de objeción en la siguiente instancia), es realmente irrisorio: corresponde a la decisión que impulsó para la construcción de una planta de energía solar, a cargo de Next Energy y con un costo de alrededor de 40 mil millones de pesos, que decidió cancelar la siguiente administración, de la panista-morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Por todo lo sucedido, el máximo jefe político y administrativo, Bonilla, fue inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos. En su momento, la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, le advirtió que los gobiernos estatales “carecen de personalidad constitucional para convocar a la licitación pública nacional para el desarrollo de la central eléctrica fotovoltaica de Baja California”. Aun así, el entonces gobernador avanzó hasta que su empuje fáctico no fue suficiente y se provocaron daños patrimoniales cuantiosos.

Y, mientras aviones militares gringos han realizado de manera obviamente provocadora el mayor acercamiento al espacio aéreo venezolano, en vísperas de la entrega en Oslo de un demeritado Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, punta de lanza del trumpismo contra Nicolás Maduro, ¡hasta mañana, con la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, denunciando “adulteración” de resultados electorales e injerencia de Donald Trump en dicho proceso al apoyar la candidatura presidencial derechista de Nasry Asfura!

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Edición: Estefanía Cardeña