Plenos derechos para los indígenas

Muy atinadas resultan las consideraciones que, en el escenario general de la pandemia de COVID-19 y en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hizo el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) sobre las perspectivas de la llamada nueva normalidad que los distintos gobiernos prevén para cuando termine la epidemia. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles serán los alcances de esa nueva normalidad y de qué manera modificará los hábitos y costumbres sociales de las naciones afectadas. Pero para el citado organismo de derecho público una cosa queda clara: y es que “los pueblos indígenas no queremos una normalidad donde continuemos discriminados, queremos que nuestros planteamientos de desarrollo con identidad y buen vivir sean parte de la construcción pospandemia”.

Y es que aun cuando el nuevo coronavirus está incidiendo de manera diferenciada en los pueblos indígenas y la respuesta de éstos para enfrentar la enfermedad ha sido hasta ahora igualmente variable, en dichas comunidades el azote del virus se suma a otras situaciones extrapandémicas que se arrastran desde hace mucho tiempo: el rezago económico, el despojo sistemático de sus tierras y recursos naturales, la marginación que ello acarrea y la discriminación y el racismo que en vastos sectores de la sociedad tienen aún vergonzosa vigencia. En paralelo, a lo largo de los pasados decenios, se ha desarrollado y profundizado una ofensiva contra la biodiversidad y el medio ambiente que durante centurias ha sido el hábitat natural de los pueblos comunitarios, a través de macroproyectos que invaden áreas esenciales para estos pueblos. Asimismo, se ha intensificado la persecución contra los defensores de ese patrimonio, al punto de que América Latina ocupa un triste primer lugar mundial en cuanto a asesinados por ese motivo (resguardar para las comunidades la tierra, el agua, la vegetación, etcétera).

Con crudo realismo, puntualiza el Filac: “no queremos indígenas a los que se les celebre un día por folclore, y todo el (resto del) año se les denigre, margine y discrimine, provocando incluso su desaparición”. Ello equivale a señalar la necesidad de legislar para que los pueblos indígenas de toda la República obtengan el reconocimiento definitivo, su autonomía para proyectar por sí mismos su destino y sus derechos plenos.

En tal sentido, es promisorio que, aun en medio de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, los pueblos originarios no quiten el dedo del renglón en la necesidad de una reforma constitucional que le dé carácter legal a sus principales demandas.

Los pueblos indígenas de México –al menos una buena parte de ellos, si no todos– hacen bien en pensar a futuro en la nueva normalidad y en el lugar que ocuparán en el contexto de la misma. Y ese lugar no debe ser otro que el destinado a los sujetos de pleno derecho público.

Edición: Emilio Gómez