Opinión
La Jornada
26/01/2026 | Ciudad de México
La adquisición de camionetas de lujo para los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría haber sido una medida correcta desde el punto de vista meramente financiero y operativo, pero resultaba injustificable y hasta agraviante para la sociedad, en la lógica de la austeridad republicana y la perspectiva de reducción de gastos superfluos en todos los ámbitos del Estado a la que se viene exhortando desde el Ejecutivo federal en el sexenio anterior y en el actual.
Más allá de los montos implicados en la renovación del parque vehicular, la decisión conllevaba un mensaje simbólico contrapuesto al de un Poder Judicial cercano al pueblo, como prometieron quienes forman su autoridad máxima, cuando tomaron posesión de sus cargos, el 1º de septiembre del año pasado, tras resultar electos en la culminación de un proceso sin precedente. Ha de recordarse que la reforma judicial de 2024 fue aprobada para someter a la voluntad popular la integración de una institución que hasta entonces se había conformado por pactos cupulares, que respondía a intereses oligárquicos y corporativos y que se exhibía como un poder inaccesible, distante de la ciudadanía e indiferente a ella.
Así, por más que en un ejercicio financiero la adquisición de los vehículos referidos conllevara ahorros sustanciales respecto al anterior esquema de arrendamiento de automóviles, la compra de las nuevas camionetas para los ministros era una medida innecesaria, suntuaria y ofensiva, lo que explica que haya generado numerosas críticas.
Con esas consideraciones en mente, debe saludarse la rectificación anunciada ayer por la SCJN en el sentido de devolver los vehículos, o bien de “ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos”, habida cuenta de que había el plan de colocarles blindaje. Se prevé que en la comparecencia ante medios programada para hoy, los ministros ofrezcan una explicación más detallada de esa determinación.
Cabe esperar que los togados ratifiquen su compromiso con la austeridad y con la medianía republicana juarista, un lineamiento ético que debe regir el funcionamiento de las instituciones nacionales en general y particularmente, el del máximo órgano de impartición del justicia del país.
Por lo pronto, la corrección del extravío es un gesto positivo y esperanzador que denota sensibilidad ante los señalamientos críticos de la sociedad y una saludable disposición a enmendar los errores.
Edición: Ana Ordaz
