Opinión
Julio Hernández López
28/01/2026 | Ciudad de México
El gobierno de la presidenta Sheinbaum virtualmente ha reconocido ante relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que certifica y sostiene la construcción acelerada e impune de una planta de amoniaco en la sinaloense Bahía de Ohuira.
Ante ello, el colectivo denominado “¡Aquí no!”, ha señalado a los relatores que el gobierno mexicano “no atiende de manera sustantiva las preocupaciones centrales planteadas por ustedes, sino que recurre a argumentos formales, descripciones normativas generales y omisiones relevantes que perpetúan la vulneración de nuestros derechos humanos” y, por tanto, piden que se mantenga firmemente el seguimiento internacional del caso.
En la respuesta de “¡Aquí no!”, se señala que “el gobierno mexicano reconoce que no todas las comunidades indígenas directamente afectadas otorgaron su consentimiento, pero sostiene que el proceso de consulta fue suficiente para autorizar la continuidad del proyecto” (es decir, el consentimiento previo, libre e informado fue inexistente. Además, hay incumplimiento del deber estatal de proteger frente a la empresa, pues “el Estado enumera programas, marcos normativos e instituciones, pero no demuestra medidas concretas y efectivas para prevenir o detener los impactos atribuibles a la empresa responsable”.
En los párrafos 22 a 24 de la comunicación AL MEX 9/2025 se consigna que “el propio Estudio de Riesgo Ambiental reconoce que una fuga de amoniaco podría generar un ‘peligro inmediato para la salud o la vida’ de más de 400 mil personas, en una región ya ambientalmente degradada y reconocida como sitio Ramsar”, pero la respuesta del gobierno no explica por qué, ante este riesgo extremo, “no se aplica el principio precautorio, ni justifica la continuidad del proyecto bajo estándares de derechos humanos”.
“En los párrafos 29 a 31, se consignan amenazas, hostigamiento, agresiones e incluso intentos de desaparición contra personas defensoras vinculadas a la oposición al proyecto”. La respuesta del gobierno se limita a mencionar la existencia de mecanismos de protección, sin reconocer su ineficacia ni explicar por qué persiste un entorno de riesgo, incumpliendo así su obligación de garantizar condiciones seguras para la defensa de derechos humanos”.
Los relatores de la ONU señalaron “en los párrafos 25 a 28 que el proyecto afecta centros ceremoniales, prácticas espirituales y formas de vida profundamente ligadas al mar y al territorio”. Sin embargo, responden los defensores de la bahía, “el Estado no incorpora estos derechos como determinantes en la toma de decisiones, reduciéndolos a impactos secundarios dentro de la evaluación ambiental, en contradicción con lo señalado en su comunicación”.
También se denuncia la “ausencia de una evaluación integral de impactos en derechos humanos (...) manteniendo una aproximación sectorizada contraria a los estándares internacionales” (aquí pueden leerse las comunicaciones de los relatores de la ONU y las respuestas de Suiza, Alemania, KfW, Proman, GPO y México: https://goo.su/2lBEzt).
Así se mantiene la lucha en defensa de la Bahía de Ohuira: bajo un extendido silencio mediático, estatal y nacional (salvo contadas excepciones y, de manera contrastante, con especial atención de algunos medios y organizaciones extranjeras), entre amenazas físicas y judiciales a los activistas que defienden la Bahía de Ohuira (varios de ellos deben usar chalecos antibalas; a Claudia Susana Quintero, directivos de KFW y KfW IPEX Bank le advirtieron por escrito de acciones legales si no borra mensajes en redes dirigidos a personal de esa banca alemana) y con absoluto abandono de las autoridades federales, que de facto han autorizado la construcción de la muy nociva planta de amoniaco.
En tanto, el negocio político-empresarial reparte pesos, despensas, promesas de empleo y “ayudas” a habitantes de la región, para crear división social y aparentar respaldo comunitario. Todo sea por el Plan México, los polos de desarrollo y el bienestar de políticos, servidores públicos y empresarios coludidos. ¡Hasta mañana!
