La ministra de Información de Líbano, Manal Abdel Samad, y su homólogo de Medio Ambiente y Desarrollo Administrativo, Damianos Kattar, presentaron ayer sus respectivas renuncias, en tanto que los titulares de Defensa, Interior y Finanzas anunciaron su intención de hacer lo propio. La primera pidió perdón al pueblo libanés, "cuyas aspiraciones hemos sido incapaces de satisfacer", en tanto que el segundo caracterizó al actual gobierno como "un régimen estéril que ha fallado en diversas oportunidades".
La desbandada del gabinete –a la que debe agregarse la que podría tener lugar en el parlamento, donde nueve diputados han presentado su dimisión– ocurre en el contexto de las intensas protestas callejeras debido a la indolencia gubernamental que desembocó en la tragedia del 4 de agosto, cuando una explosión provocada por 2 mil 700 toneladas de nitrato de amonio destruyó buena parte de Beirut, mató a alrededor de 150 personas, provocó heridas a otras 5 mil y dejó sin casa a unos 300 mil habitantes de la capital libanesa.
En realidad, la catástrofe reactivó y exacerbó el descontento social que se venía expresando desde octubre pasado y parecía encontrarse en un paréntesis obligado debido a la pandemia de COVID-19.
Ese primer ciclo de intensas movilizaciones callejeras se relaciona con la crisis económica que se abate sobre Líbano, pero también con la inocultable corrupción y la abrumadora ineficiencia de la clase política que copó las posiciones de poder tras la guerra civil que se desarrolló entre 1975 y 1990.
En el fondo, lo que parece haber entrado en crisis terminal es un modelo político que divide las instituciones en cuotas garantizadas para los diversos componentes religiosos del país –18 en total–, cuyos grupos principales son los musulmanes, en sus subdivisiones chiíta y sunita, los diversos cultos cristianos (maronitas, ortodoxos, protestantes) y los drusos.
Así, la presidencia corresponde por ley a un cristiano maronita, la primera magistratura debe ser ejercida por un sunita y la presidencia del Legislativo, por un chiíta
Ideado con la finalidad de garantizar el respeto a la diversidad y a la libertad de cultos, este modelo se ha traducido, en cambio, en un terreno fértil para la impunidad, la opacidad, el abuso de poder y la parálisis del Estado ante los distintos y graves problemas nacionales. Que cada sector religioso tenga asegurada su porción en el reparto del gobierno –y un control territorial de facto en las zonas, en su mayoría, pobladas por fieles de cada religión– ha convertido a las instituciones en cotos blindados a la rendición de cuentas, la transparencia y el equilibrio de poderes.
Tal contexto complica sobremanera la aplicación de políticas gubernamentales efectivas de protección civil y seguridad industrial, y tal dificultad fue uno de los factores que desembocaron en el desastre del 4 de agosto.
El hecho es que se ha desarrollado en la sociedad libanesa un aborrecimiento de los políticos de todos los signos y hoy, en medio de las acciones de auxilio a las víctimas, lo que se reclama en las calles no es sólo la reconstrucción de Beirut, sino también la restauración de un orden político e institucional que parece haber llegado a su límite.
Edición: Ana Ordaz
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