Opinión
La Jornada Maya
03/02/2026 | Mérida, Yucatán
El establecimiento de una gran empresa industrial en una entidad federativa en específico suele tener múltiples implicaciones: desde una dependencia económica hasta una asociación de la actividad con la identidad cultural local.
Esta vinculación es porque hay una estrecha relación entre la empresa y los ingresos fiscales locales. Incluso cuando se hacen deducciones por concepto de derechos y otras concesiones con el fin de atraer la inversión, el mero hecho de sostener cientos o miles de fuentes de empleo formal y otras tantas indirectas, equivale a movimiento financiero.
Para el caso nacional, la presencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el golfo de México ha llevado al reconocimiento de que existen estados petroleros, siendo estos Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. En estas entidades se han activado grandes cadenas de proveeduría; es decir, empresas particulares cuya finalidad es brindarle a la paraestatal un bien o servicio, pero también la petrolera mantiene programas que redundan en apoyos directos a municipios y comunidades próximas a sus instalaciones.
Durante el fin de semana corrió la especie de que Pemex había retirado a Campeche la denominación de estado petrolero, un tema que preocupa a más de uno y del cual hasta el momento no se tiene información oficial; aunque el tráfico de la noticia ha estado a cargo de funcionarios electos.
Inicialmente, Francisco Farías Bailón, diputado federal campechano por Movimiento Ciudadano (MC) llamó la atención sobre el hecho y sus posibles consecuencias: que la paraestatal deje de considerar a Campeche en sus criterios de asignación, lo que podría ahogar presupuestalmente al estado y específicamente al municipio del Carmen. Cabe mencionar que Pemex quedó a deber una fuerte cantidad a sus proveedores, lo que ha puesto muy cerca de la quiebra a varias empresas.
A esto ha hecho eco Tania González Pérez, diputada local por MC, quien también resaltó que la relación entre Pemex con Campeche ha sido de reclamos por un mejor trato, dada la aportación del estado a la producción de hidrocarburos desde el descubrimiento del yacimiento Cantarell. Los adeudos acumulados durante 2025 son un argumento fuerte para darle la razón.
La disputa, en tanto no exista un pronunciamiento por parte de Pemex, es un mero ejercicio de retórica. Sin embargo, este “raund de sombra” se da en el penúltimo año de gobierno que tendrá Layda Sansores San Román, cuya administración se ha visto envuelta en varios conflictos de orden político, que lamentablemente han hecho que Campeche llame la atención por razones que no equivalen a un gobierno exitoso. También, que los anuncios sobre la relación con Pemex vengan de legisladores de Movimiento Ciudadano es también una señal política con miras al inicio del proceso electoral que tendrá lugar en 2027.
Lo relevante, sin embargo, es que quien ocupe el gobierno de Campeche el próximo año tendrá que enfrentarse al mismo reto: que la relación de la entidad con Pemex se funde en la aportación que se ha hecho a la actividad petrolera. Ya de ahí, el respeto entre ambos actores debe resultar en el simple cumplimiento puntual de las obligaciones, especialmente el pago a proveedores y mantener los programas de Obras de Beneficio Mutuo y de Apoyo a Comunidades y Medio Ambiente.
Edición: Ana Ordaz
