Opinión
La Jornada
05/02/2026 | Ciudad de México
Un tribunal federal en Virginia condenó ayer a cinco años de prisión por cargos de tráfico de fentanilo a Dámaso López Serrano, responsabilizado como autor intelectual del asesinato del periodista y corresponsal de La Jornada Javier Valdez, cometido el 15 de mayo de 2017.
El caso de López Serrano, apodado El Mini Lic porque a su padre se le conoce como El Licenciado, es un ejemplo de los dobles raseros y la arbitrariedad de la justicia estadunidense, males exacerbados bajo el trumpismo pero no exclusivos de éste. En 2017, una facción liderada por Dámaso López Núñez se enfrentó a Alfredo e Iván Guzmán Salazar, hijos de El Chapo Guzmán, por el control del cártel de Sinaloa.
Tras la aprehensión de su padre, efectuada por autoridades mexicanas, y acorralado por los denominados Chapitos, López Serrano se entregó al gobierno de Estados Unidos, el cual le dio el estatus de testigo protegido y lo recompensó por sus servicios poniéndolo en libertad condicional en 2022. Desde 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) de México solicitó su extradición a fin de que responda sobre su papel en el crimen contra Valdez, pero sus contrapartes la negaron aduciendo su alto valor como informante.
El 13 de diciembre de 2024, la FBI lo arrestó en una trampa montada para probar que coordinaba la entrega de tres kilos de fentanilo a un socio en Los Ángeles. La sentencia que recibió ayer indica que, pese a su reincidencia, Washington lo sigue tratando como un aliado más que como un delincuente, pues su pena es la mitad de la mínima establecida para quien trafica más de 400 gramos de fentanilo.
El 29 de mayo del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo explícita la incongruencia al asegurar que México insistirá en la extradición –cuyo proceso formal sigue en pie–, pero “el gobierno de Estados Unidos tiene que explicar por qué en estos casos se llega a acuerdos” si hace poco decretó llamar terroristas a algunas organizaciones de la delincuencia organizada y “en varias ocasiones han manifestado que no establecen negociación con estas organizaciones”. En aquel momento no habían comenzado los asesinatos perpetrados por el gobierno de Donald Trump en el Caribe y el Pacífico, pero ahora es incluso más chocante que se masacre a personas sin ninguna prueba de que participan en el trasiego de estupefacientes y al mismo tiempo se tenga todo tipo de cortesías con un capo probado y juzgado.
Más allá de constatar por enésima vez la farsa de la “guerra contra el narcotráfico” de la Casa Blanca, es preciso que México agote todos los recursos diplomáticos a su alcance para lograr la entrega de Dámaso López Serrano, sin la cual es imposible esclarecer y hacer justicia a Javier Valdez, un periodista de larga trayectoria que se desempeñaba de corresponsal de La Jornada en Culiacán, y que fue asesinado en represalia por el importante trabajo periodístico en el que documentó las diputas internas que se desataron en el cártel de Sinaloa tras la captura de El Chapo Guzmán. En este sentido, cabe recalcar que el asunto no es de qué lado de la frontera cumple su condena, sino las garantías de justicia, reparación del daño y no repetición en un caso contra la libertad de expresión al que las autoridades estadunidenses no dan ninguna importancia. Por último, es obligado recordar que menos de dos meses antes del atentado contra Javier nuestra compañera Miroslava Breach Velducea fue asesinada en la capital de Chihuahua como castigo por exponer los vínculos de políticos locales panistas con el crimen organizado. Aunque se ha detenido y sentenciado a uno de los autores materiales y a un facilitador de la agresión, desde un principio fue inocultable la prisa del gobierno de Javier Corral para dar carpetazo al expediente y usar a los ya detenidos como chivos expiatorios que frenasen las indagatorias sobre la implicación a niveles más altos del partido y de sus figuras en los gobiernos municipales y el estatal. Fruto de la negligencia de las autoridades estatales, permanecen impunes Alfredo Piñera Guevara, ex vocero del Partido Acción Nacional en la entidad (quien entregó grabaciones telefónicas ilegales de Miroslava usadas para planificar su asesinato), y José Luévano Rodríguez, ex dirigente del blanquiazul que presionó a la periodista para que revelara las fuentes de sus reportajes. Asimismo, siguen prófugos el otro autor material, Wilbert Jaciel Vega Villa, y quien se presume ordenó el atentado, Crispín Salazar, cabecilla de la estructura de traficantes y sicarios que lleva su apellido.
La impunidad de los asesinos de Javier Valdez y Miroslava Breach, como la que persiste en la mayoría de los homicidios de comunicadores, no sólo vulnera a sus familias y colegas, sino a toda la sociedad, la cual ve en entredicho sus derechos a informar y ser informada. Es imperativo, por ello, que López Serrano sea sometido a juicio en México.
Edición: Ana Ordaz
