Opinión
La Jornada
07/02/2026 | Ciudad de México
El presidente municipal de Tequila, Jalisco, y tres integrantes de su administración fueron detenidos el jueves gracias a un operativo conjunto de cinco instancias federales. Según dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a Diego Rivera Navarro se le investiga desde hace meses por “manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”. El edil cobró notoriedad en mayo pasado porque su gobierno auspició un concierto del grupo musical Los Alegres del Barranco, en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del CJNG.
Después del arresto de los funcionarios municipales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ningún partido, y menos el Movimiento de Regeneración Nacional, “puede ser un paraguas para delinquir ni corromperse”, e informó que ella misma recibió denuncias de empresarios con respecto a los intentos de extorsión del alcalde. Asimismo, aseguró que, en su momento, Morena consultó a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales si había denuncias contra sus candidatos, y que los ministerios públicos no encontraron o no comunicaron ningún antecedente en torno a Rivera Navarro.
El hecho de que éste se postulase y fuese elegido para gobernar una de las demarcaciones más emblemáticas del país en el periodo 2024-2026 denota graves falencias institucionales a todos los niveles y en múltiples oficinas. El caso es más chocante si se considera que, de acuerdo con fuentes ministeriales, el 24 de marzo de 2021 –tres años antes de llegar al ayuntamiento de Tequila– el político secuestró a los entonces precandidatos morenistas Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, a quienes obligó a renunciar a sus aspiraciones, a fin de impulsar a un candidato leal a su persona y al CJNG.
Por principio de cuentas, el partido que lo llevó al poder, Morena, debió haber investigado de manera exhaustiva sus antecedentes, máxime en una región donde es ampliamente conocida la presencia del crimen organizado. Asimismo, es injustificable que las fiscalías es-tatal y federal hayan tardado tanto en detectarsus conductas ilícitas e integrar un expedienteque permitiera obtener una orden de aprehensión. Tampoco salen bien librados el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organismos que han cancelado candidaturas o establecido multas por faltas mucho menores, pero pasaron por alto una situación tan grave.
La detención de Rivera Navarro y sus di-rectores de Seguridad Pública, Catastro y Predial, y Obras Públicas indica que no existe una intención de encubrimiento ni tolerancia a la impunidad por parte de las autoridades federales hacia sus correligionarios, lo cual establece un sano contraste con las administraciones neoliberales. Sin embargo, es evidente que no basta con sancionar a quienes usan el poder para delinquir, sino que deben reforzarse los mecanismos para detectarlos y apartarlos de cualquier espacio gubernamental antes de que accedan a puestos de autoridad.
Edición: Estefanía Cardeña
