Bajo la tierra

El hecho de que en un sitio con el nombre de Concordia se haya privado de la libertad a 10 personas, el pasado 23 de enero, y que hoy se tenga por confirmado el hallazgo de cinco de éstas, en una fosa clandestina, es un ejemplo de contrasentido. Aquel día una decena de trabajadores mineros fue “levantada” presuntamente por una célula del crimen organizado que opera en el estado de Sinaloa. 

Los trabajadores se dirigían del campamento minero a las vetas concesionadas a la minera canadiense Vizsla Silver Corp, en Sinaloa. Los respectivos cadáveres de cinco de ellos han aparecido en otra población de esa misma entidad, El Verde, y se deduce que no se encontraban en la parte baja del tabulador de la empresa, si se considera que se trataba de profesionistas: hay un ingeniero industrial, dos geólogos y un supervisor de medio ambiente. Esa es la información que se ha liberado y la que conduce a pensar que el secuestro fue con el objetivo de reclutarlos forzosamente para realizar tareas especializadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) está a cargo del grueso de las diligencias ministeriales y periciales. Sin embargo, la dependencia no se ha pronunciado acerca de cuántos cuerpos fueron encontrados en la fosa clandestina en la cual fueron localizados los trabajadores mineros ya identificados. Si bien es entendible que divulgar demasiada información pone en riesgo las investigaciones, guardar silencio demasiado tiempo favorece las especulaciones y, lamentablemente, el uso político de la tragedia que es en realidad una acumulación de delitos: desde privación ilegal de la libertad y homicidio doloso hasta inhumación clandestina y los que revelen las autopsias. 

Por otra parte, resulta difícil no considerar a la minera como parte afectada por la operación criminal en el área, la cual incluye extorsiones y el robo de herramientas, equipos de comunicación y hasta del mineral extraído. Desmontar la estructura del crimen organizado en Sinaloa sigue siendo un reto al Estado mexicano, uno cuya resolución parece ser mucho más complicada de lo que las propuestas que han realizado algunos opositores al gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo. 

Agreguemos la exigencia que ha realizado la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) en cuanto a que no quede impune el secuestro y asesinato de mineros, así como la localización de los que permanecen desaparecidos, es un recordatorio de que el Estado es el responsable de garantizar la seguridad y en este caso la vida de quienes habitan el territorio nacional; un deber que, cuando no se cumple a cabalidad, debilita a cualquier gobierno.

Sin embargo, debe reconocerse que las corporaciones federales de seguridad sí se abocaron a la búsqueda de los mineros y escucharon a los grupos civiles que se han dedicado a esta trágica tarea. El resultado fue el hallazgo, y no el abandono de los cuerpos bajo la tierra, como ocurrió en el caso de la mina Pasta de Conchos, que está a punto de cumplir dos décadas sin que se recuperaran los cuerpos de 65 mineros, y sin llevar a nadie ante la justicia.

Edición: Estefanía Cardeña