Opinión
La Jornada Maya
01/03/2026 | Mérida, Yucatán
La iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará este lunes a las Cámaras es una más en una agenda de reestructuración del Estado mexicano, un proceso que la oposición no ha sabido comprender y, por tanto, ha procedido a atacar circunstancialmente; puesto que nos encontramos en un régimen que se identifica como una transformación, resultaría ilógico esperar que conservara intacta la estructura heredada, y hasta el momento hemos sido testigos de grandes cambios que implican una nueva relación con la ciudadanía (revocación de mandato) y una nueva conformación de los poderes públicos, como la reforma al Poder Judicial y ahora la electoral, de la que resultaría un nuevo Legislativo.
El proyecto contempla la reducción de integrantes del Senado, que pasarían de 128 a 96, sin plurinominales, y la Cámara de Diputados permanecería igual en número, pero los principios por los que llegarían 200 legisladores serían diferentes a los formulismos actuales que no son más que un reparto de canonjías entre las cúpulas de los partidos. A estos, se les reduce el financiamiento en 25 por ciento, al igual que a los organismos electorales. También disminuyen los tiempos de radio y televisión para las campañas; esto último representa menos tiempo del Estado destinado al proselitismo.
La nueva propuesta es que, en lugar de diputados de representación proporcional que lleguen a una curul por la posición que ocuparon en una lista negociada entre la cúpula del partido, 97 perdedores con mayor votación obtendrán un escaño; otros 95 serán de votación directa por circunscripción y por partido político, y otros ocho serán de mexicanos residentes en el extranjero.
Esta nueva fórmula es un mensaje, en caso de que la iniciativa sea aprobada: las negociaciones, el cabildeo, será del Ejecutivo con ciudadanos que hayan hecho campaña y por lo tanto, recorrido el territorio.
La transformación posee un costo político que de primera impresión pagarán los partidos pequeños, particularmente los que se han desempeñado como satélites de otros más fuertes y cuyos principales representantes han destacado más como “negociadores” de los votos de sus bancadas que por presentar una plataforma que invite al electorado a considerarlos como una opción. En lugar de ello han sido aliados de quien más les convenga en el momento.
Por supuesto, los actuales representantes de estos partidos se encuentran en la disyuntiva de mantener el modelo que les permite gozar de privilegios o aceptar que en un futuro inmediato tendrán que promover el cambio de esquema, si es que quieren permanecer como parte de la 4T.
La exclamación de Alberto Anaya, presidente nacional del Partido del Trabajo (PT), “¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México!”, no es entonces más que un exabrupto que momentáneamente le permite permanecer en la ambigüedad: ni acepta que votará a favor, e histriónicamente se hace al opositor; porque aquí lo cuestionable es que el principio de representación proporcional obedezca a listas “palomeadas” por las dirigencias de cada organismo, y que funcionen para premiar a quienes han servido a los acuerdos cupulares es una práctica democrática y si abandonar ésta representa un retroceso cívico.
Edición: Fernando Sierra
