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Desde que se detectó la presencia del gusano barrenador del ganado en México, a mediados de 2025, se alertó de la posibilidad de que la plaga afectara a animales distintos a las reses y carneros, particularmente perros y gatos, y eventualmente a seres humanos.

Desde mayo de 2025, el gusano barrenador fue tema de política internacional. Se sabía que las moscas de las que proviene esta larva (Cochliomyia hominivorax) ingresaron a territorio nacional provenientes de Guatemala, donde se había relajado demasiado el cruce de reses con destino a ranchos chiapanecos, tabasqueños y también hacia la península de Yucatán. La presencia de la plaga hizo que Estados Unidos cerrara temporalmente la importación de ganado mexicano, causando serios perjuicios a los exportadores.

Mientras, la mosca ha seguido avanzando y aunque la propaganda oficial insiste en que “seguimos produciendo como siempre” y en que no se ha matado a ningún animal, Yucatán continúa acumulando casos de miasis en humanos, alcanzando los 18 el pasado mes de febrero. Aquí, el gusano ya cobró una víctima, que sin duda no gozó de la atención especializada y gratuita que se presume para el ganado. La víctima ha sido una mujer, adulta mayor, con comorbilidad de diabetes, lo que afectó su sensibilidad, al grado de tener partes del cuerpo en las cuales no sentía que el gusano le estaba carcomiendo.

Algo falló para que la mosca buscara a un ser humano para depositar sus huevecillos y, todavía más, para que esta persona no estuviera protegida de una eventual infección ni fuera atendida de manera pronta para curarla y asegurar su recuperación. Resulta contradictorio que en un gobierno en el cual destacan ganaderos o personajes muy cercanos a esta actividad, como el diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Yucatán, y el propio gobernador, Joaquín Díaz Mena, y que se presume de un sello humanista, se haya perdido una vida ante la plaga, entre mil 600 casos de afectación.

El Congreso de Yucatán ha reaccionado, en voz de la diputada Ana Cristina Polanco, quien propuso un punto de acuerdo para crear la “Comisión especial de seguimiento a la crisis zoosanitaria del gusano barrenador del ganado”. Un punto limitado, si se toma en cuenta que en los años 80 del siglo pasado se creó un Comité Peninsular de Sanidad, precisamente para combatir al gusano barrenador. Por supuesto, ahora se busca la coordinación entre los tres niveles de gobierno para la erradicación de la plaga, pero tampoco se puede ignorar que ésta afecta a la región entera.

La diputada Polanco señaló que lo preocupante del avance del gusano barrenador es “porque ha cobrado la primera víctima humana”. En realidad, hay casi una veintena de víctimas humanas que no debieron serlo durante ningún gobierno. Lo que deja en claro este número es que para algunos es mucho más preocupante que se sacrifique un toro a la pérdida de una vida humana por falta de acceso a algo tan sencillo como la limpieza de heridas; es como si en menos de una década ya nos hubiéramos olvidado de la experiencia de la pandemia de Covid -19 y las medidas de higiene que ésta nos obligó a tomar. 

Este desbalance también es síntoma de lo que se dejó de atender desde la Secretaría de Salud del Estado; tal vez, por lo mismo, la exposición de motivos para el reciente movimiento en esa dependencia. Pero a nivel gobierno queda por explicar por qué es más fácil que ante un reporte de presencia del gusano barrenador llegue un veterinario para evitar (gratuitamente para el productor) el sacrificio de una res, que brindar atención médica a una persona afectada por el mismo insecto. Eso no es humanismo; es ser gerentes de la ganadería.

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Edición: Fernando Sierra


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