Opinión
La Jornada
10/04/2026 | Ciudad de México
De acuerdo con una investigación del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC, la minera Camino Rojo utilizó al crimen organizado para violar los derechos laborales de sus trabajadores y amenazarlos a fin de que desertaran del Sindicato Nacional Minero, a cuya sección 335 están afiliados.
La resolución preliminar del panel establece que la minera, ubicada en Zacatecas, es “responsable directa de injerencia patronal” en actividades sindicales por actos documentados de violencia y amenazas de muerte contra los trabajadores, para obligarlos a entregar su contrato colectivo a un gremio de “protección” patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes. Para el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, está corroborado que la propietaria de Camino Rojo, la canadiense Orla Mining, “contrató a un narcotraficante para interrumpir con personas armadas las reuniones sindicales”.
Sin embargo, en México las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía consideraron las evidencias insuficientes para vincular a la empresa con las conductas denunciadas, además de señalar que el mecanismo excedió sus alcances al pretender analizar conductas de naturaleza penal. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas afirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia por los hechos relatados.
Más allá de los usos políticos e intervencionistas que Washington pueda dar al MRR del T-MEC, el hecho es que ni las prácticas antisindicales ni las relaciones con el crimen organizado son ajenas a las operaciones de las compañías mineras.
Desde hace décadas, comunidades indígenas del estado de Guerrero han sufrido desplazamiento forzado a manos de grupos delictivos que, según dirigentes comunitarios y organismos de derechos humanos, operan como fuerzas de choque al servicio de las mineras. Esquemas parecidos se han detectado en Veracruz, donde el crimen organizado presuntamente ha actuado como un brazo de “seguridad” o presión para silenciar la resistencia social contra los proyectos mineros a cambio de cuotas de protección o de que se les entregue el control de los servicios de transporte asociados a las minas.
Una investigación periodística vincula al cártel Jalisco Nueva Generación con la extracción y exportación ilegal de mercurio en la región de la Sierra Gorda de Querétaro. En Michoacán, desde 2014 el gobierno federal reconoció que el grupo criminal Los caballeros templarios obtenía ganancias millonarias por el cobro de derecho de piso a la minería del hierro, y algunas fuentes aseguran que dicho cártel llegó a controlar el ciclo completo del metal.
Tampoco se puede ignorar que las trasnacionales mineras –sean de capital local o extranjero– causan daños devastadores incluso cuando no tienen vínculo alguno con la delincuencia: omiten deliberadamente estándares mínimos de seguridad laboral e industrial con tal de maximizar sus ganancias; roban a la naturaleza y a las comunidades volúmenes ingentes de agua; envenenan la tierra con las sustancias tóxicas usadas en sus actividades, dejándola inutilizable para cualquier otra forma de aprovechamiento; causan enfermedades a las personas que tienen la mala fortuna de vivir en las cercanías de los tajos y se benefician de concesiones y marcos legales puestos en marcha durante el periodo neoliberal con el expreso propósito de enriquecer a entes privados sin dejar nada al país.
En este contexto, los señalamientos del MRR no pueden descartarse ni minimizarse, sino que obligan a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva a fin de esclarecer si existe o no colusión de Orla Mining o sus representantes locales con el crimen organizado. Si se confirma que la compañía contrató a criminales para perseguir a sus trabajadores, es evidente que la sanción no puede limitarse a un procedimiento administrativo, pues ello daría paso a que las empresas normalicen las multas como un costo operativo más a registrar en su balance. Por el contrario, la gravedad del caso obligaría a abrir expedientes penales contra todos los mandos de la minera involucrados en tratos con la delincuencia y a prohibir de manera definitiva las actividades de Orla Mining en territorio nacional.
Edición: Ana Ordaz
