Giros discursivos y legales

En San José Chiapa, Puebla, la presidenta Sheinbaum encaró este sábado a quienes se manifestaban contra un Polo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) que implica un tiradero de basura para reciclar, el cual se pretendía instalar originalmente en Hidalgo, pero, en consulta ciudadana, fue rechazado por 63 por ciento de los participantes.

De manera enérgica, con un dedo índice en alto, la Presidenta reconvino a los manifestantes por haber sostenido sus consignas de protesta mientras transcurría el acto oficial relacionado con viviendas. Si ya se les había ofrecido que se les escucharía, ¿por qué insistir en el descontento sonoro?, fue la postura de Sheinbaum, quien, por lo demás, ofreció a los opositores que se les atendería y se buscarían consensos, pero que ellos debían escuchar a la vez los argumentos de secretarios gubernamentales a favor de la citada planta de reciclaje.

Al día siguiente, domingo, la presidenta Sheinbaum soltó en Huamantla, Tlaxcala, una frase que suaviza, en el mejor de los casos, o deprecia, el discurso político e ideológico hasta ahora sostenido por la denominada Cuarta Transformación: “el Estado no puede hacer todo, requiere necesariamente la coordinación con la iniciativa privada, y por eso buscamos un modelo integral donde el pueblo viva mejor y, al mismo tiempo, haya más inversiones para generar mejores empleos, con mejores salarios”.

Las palabras de la Presidenta forman parte de un proceso abierto de adecuación a intereses empresariales, que en fechas recientes ha tenido momentos polémicos como la presencia mundialista de propaganda de Coca-Cola en la conferencia mañanera de prensa, la visita de la directiva del poderoso y voraz fondo de inversiones BlackRock y la ideológicamente contradictoria apertura a la exploración de las posibilidades de impulsar un fracking “bueno”, “sustentable”.

La estrechez presupuestal de la actual administración federal y los evidentes riesgos que hora tras hora genera la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, y el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico petrolero, han acelerado la exhibición pública de una serie de acomodos previos que se han ido realizando a favor del neoliberalismo económico.

El Plan México, los polos de desarrollo, los vehículos de propósito específico (una figura legal recién aprobada, propicia para desarrollar la alianza del sector público con el privado) y la ley de economía circular, forman parte de un rediseño que con Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, Alicia Bárcena en la del Medio Ambiente y Altagracia Gómez en la coordinación de enlace con empresarios, están impulsando privilegios fiscales, concesiones y otras fórmulas para incentivar a empresarios a invertir en proyectos que son gubernamentalmente protegidos en cuanto a protestas sociales de defensores del medio ambiente, los derechos humanos y los intereses de las comunidades.

En aras de impulsar los polos de desarrollo y demás proyectos marcadamente pro empresariales, los gobiernos, comenzando por el federal, desoyen las denuncias y protestas e intentan descalificar por la vía propagandística a activistas y organizaciones que mantienen distancia crítica o abierta oposición a la izquierda electoral y la corriente gobernante.

Lo sucedido en San José Chiapa, ante un movimiento que ha estado denunciando graves anomalías regionales (el tiradero de basura reciclable, por ejemplo, tendría “auditoría ambiental voluntaria” que los propios empresarios realizarían para que la Semarnat los “valide”) y las palabras presidenciales en Huamantla muestran una preocupante tendencia en el gobierno federal que se endereza a acallar y estigmatizar la crítica y movilizaciones sociales, a la vez que una creciente conciliación, por usar un término suave, con los sectores empresariales.

Y, mientras Trump, luego de inducir el fracaso de las negociaciones en Islamabad, ordena a partir de hoy un bloqueo naval en Irán, ¡hasta mañana!

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Edición: Ana Ordaz