Opinión
La Jornada
16/04/2026 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un grupo interdisciplinario conformado por expertos de UNAM, IPN, UAM y UANL que analizarán la factibilidad de explotar fuentes “no convencionales” de gas natural en México mediante el fracking (fractura hidráulica) con nuevas tecnologías, de bajo impacto ambiental y uso de componentes biodegradables.
La misión de los especialistas es proveer a las autoridades la mejor información posible acerca de procedimientos novedosos para minimizar los impactos ambientales del controvertido método de extracción de hidrocarburos, si los mismos pueden ponerse en práctica en nuestro país y cuáles serían las regiones idóneas para ello. Consciente de la resistencia que suscita la mera mención del fracking, la mandataria resaltó que no se hará nada en contra de las comunidades y que, una vez que los científicos determinen si ese tipo de extracción es factible y en qué sitios, se pasaría a una consulta para que toda decisión se tome de forma colectiva.
El levantamiento de la veda sobre el fracking se ha planteado en semanas recientes como una alternativa ante la dependencia nacional del gas natural estadunidense, que representa tres cuartas partes del consumido en México. Dado que la mayoría de ese hidrocarburo se emplea en las plantas de generación eléctrica de ciclo combinado, se trata de un asunto de soberanía energética que vuelve al centro del debate público en el contexto de la crisis global de suministro de petróleo y gas natural desatada por la agresión bélica de Tel Aviv y Washington contra Teherán.
Es preciso basar todo análisis en dos realidades incontrovertibles antes de evaluar los señalamientos de la Presidenta y posicionarse respecto a una práctica cuestionada por su impacto ambiental, algo que la mandataria reconoce. Por un lado, ya estamos usando gas natural obtenido mediante fractura hidráulica, sólo que, en vez de producirlo aquí, lo compramos a empresas estadunidenses. En segunda instancia, depender de otro país para un porcentaje tan elevado de nuestros requerimientos energéticos constituye una peligrosa vulnerabilidad.
Con estas premisas fácticas, está claro que el gobierno federal tiene la obligación de buscar alternativas para, en palabras de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, “alcanzar la soberanía energética sin comprometer la seguridad hídrica ni la salud de nuestros ecosistemas”. En este sentido, es evidente que el cambio de la actual matriz energética no puede limitarse al hipotético uso del fracking, sino que ha de agotar el potencial de opciones como las plantas solares, los parques eólicos (terrestres y marítimos), la geotermia y otras fuentes renovables, así como de la relegada energía nuclear, la cual tiene sobre las anteriores la ventaja de no sufrir intermitencias. Como señaló la presidenta Sheinbaum, tantear la factibilidad de aplicar ese método no implica apostarle el futuro de México, sino dejar abierta otra puerta.
Cabe esperar que el panel de expertos elabore un diagnóstico y emita recomendaciones de alta calidad que coadyuven a una toma de decisiones políticas cuyos efectos se dejarán sentir por décadas.
Para que la sociedad confíe en las prescripciones de los especialistas y acompañe las políticas públicas resultantes, los estudios habrán de ser transparentes en cuanto a los costos y consecuencias de las diversas opciones a disposición del país para asegurar el suministro energético de empresas, hogares y sector público.
Edición: Ana Ordaz
