Embajador Johnson presiona y advierte

Ayer se pretendía instalar la primera piedra de una impactante planta productora de metanol en Topolobampo, Sinaloa. Un centenar de opositores a tal proyecto y a otros similares en la Bahía de Ohuira (¡Aquí No!) impidieron el acto y lograron establecer un diálogo, que tuvo momentos de dureza, con el gobernador Rubén Rocha Moya, quien finalmente se comprometió a impulsar una extemporánea y dudosa consulta a las comunidades indígenas y a informar a la presidenta Sheinbaum de la postura de rechazo a empresas que habitantes de aquella región consideran peligrosas y contaminantes, integradas en un “polo de desarrollo” que los gobiernos morenistas en sus tres niveles pretenden imponer a cualquier costo, el más evidente, el ambiental.

Uno de los invitados al fallido banderazo pétreo de salida fue el embajador de Estados Unidos en México, el coronel en retiro, ex boina verde y ex agente de la CIA Ronald Johnson, quien no ha dado explicación del actuar ilegal de sus congéneres en Chihuahua, en un operativo contra narcolaboratorios, pero sí pronunció un discurso de advertencia y chantaje ante hechos propios de la vida pública mexicana en los que de ninguna manera debería inmiscuirse, aunque utilice el argumento de la inversión extranjera, en específico la estadunidense.

Abiertamente, el embajador Johnson enmarcó la obra, rechazada por buena parte de las comunidades de esa zona del municipio de Ahome, al igual que la planta de amoniaco de la Bahía de Ohuira, como “una de las prioridades del presidente Trump: fortalecer la seguridad energética de América del Norte”.

“Esta ceremonia (interrumpida por las protestas: acotación del columnista) es mucho más que el inicio de una obra. Representa parte del futuro de la seguridad energética de nuestros países”, señaló Johnson. Con 3.3 mil millones de dólares de inversión, Mexinol “es una de las mayores inversiones de una empresa extranjera en México (...) Será la instalación de metanol de ultrabajas emisiones más grande del mundo”.

Sin embargo, “para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción; sin estas condiciones, las inversiones no avanzan”, dijo el representante bélico de un gobierno, el de Trump, que tiene al mundo en incertidumbre y riesgo por caprichos y torpezas, que no puede garantizar su propia seguridad interna y legalidad, que maneja corruptamente el expediente Epstein y que se está hinchando de ganancias, a título personal y familiar, gracias al ejercicio demencial de un poder en decadencia.

Luego de la primera parte en español, el embajador continuó en inglés y precisó que “ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional. Si queremos que proyectos como éste tengan éxito –si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser–, ni la corrupción ni la extorsión deben tener cabida”.

A dos años menos tres meses de que Ismael Zambada, El Mayo, fue secuestrado en Culiacán para entregarlo a agentes en Estados Unidos, sin que hasta ahora este país haya sido transparente ni rendidor de cuentas sobre lo sucedido, Johnson pretende que la legalidad y los derechos colectivos sean anulados para echar a andar plantas industriales que corresponden a la visión de Washington sobre la “seguridad energética” norteamericana.

Baste decirle a Johnson que un juez mexicano, a modo (que ya antes se prestó a maniobras a favor de la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira), dos días antes de la fallida primera piedra de Mexinol informó haber negado (desde el pasado siete) la suspensión definitiva, solicitada por indígenas del Campo Pesquero de Paredones (expediente 255/2026), contra tal empresa que consideran sumamente dañina. ¡Hasta el próximo lunes!

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Edición: Ana Ordaz