Chihuahua: silencios y mentiras

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación relacionada con la presunta participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en acciones antidrogas, en colaboración con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua. La FGR explicó que abrió la indagatoria al considerar la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional durante “los hechos ocurridos en días pasados en la Sierra del Pinal, al confirmarse la presencia de dos personas de nacionalidad estadunidense, aparentemente pertenecientes a agencias de seguridad (de su país), quienes lamentablemente fallecieron junto con otras dos personas, luego de la localización de una instalación clandestina de producción de drogas al aire libre”.

La acción de la fiscalía federal es necesaria e incluso urgente ante la burla a la soberanía nacional por parte de la gobernadora de la entidad, María Eugenia Campos Galván, quien se niega a dar explicaciones acerca de los vínculos ilegales y potencialmente sediciosos de su administración con el aparato de espionaje estadunidense. En vez de comparecer ante el Senado para que el pueblo de México pueda conocer su versión en torno a las vulneraciones constitucionales perpetradas por su gobierno, la mandataria panista creó una unidad especializada para investigar el caso, que en menos de 72 horas de existencia se reveló como un grupo de encubrimiento y búsqueda de impunidad. De acuerdo con la titular de esa farsa, Wendy Chávez Villanueva, los cuatro (no dos, como originalmente se creyó) agentes de la CIA que participaron en un supuesto operativo de desmantelamiento de narcolaboratorios en la zona serrana de Chihuahua fueron invitados por el director general de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, fallecido en el mismo incidente. “Hasta el momento de las investigaciones, no tenemos registro de que el director de la agencia estatal hubiera solicitado autorización, o informado a sus superiores de que estas personas extranjeras lo acompañarían en el convoy”, aseguró la funcionaria.

Además del mal gusto de culpar a una persona muerta, las declaraciones de Chávez Villanueva son patentemente falsas y tratan de hacer pasar como anecdótico lo que es sistemático, es decir, la infiltración de fuerzas estadunidenses en el gobierno de Chihuahua. Al respecto, debe recordarse que el propio secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, se jactó de que un piso completo de la sede de la corporación está destinado a funcionar como búnker de agentes que pertenecen a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, así como la Oficina Federal de Investigaciones, la de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, entre otras. Asimismo, Loya Chávez expresó su convicción de no requerir permisos federales “para cooperar con estas agencias de manera permanente”, lo que constituye un grave desconocimiento de la letra de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Ante esta serie de inconsistencias e intentos de dar carpetazo a un expediente de la máxima gravedad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene razón al señalar que la investigación no puede detenerse tras la renuncia de César Jáuregui Moreno, fiscal de Chihuahua, pues es un asunto de cumplimiento de la ley y del derecho del pueblo mexicano a saber la verdad. Dentro de este esclarecimiento, es fundamental que Campos Galván informe a sus gobernados y a todo el país qué fines persigue al abrir de par en par la entidad que ocupa más de 12 por ciento del territorio nacional al espionaje estadunidense, una maniobra inadmisible en cualquier circunstancia y que cobra un cariz de traición a la patria cuando la Casa Blanca es encabezada por un sujeto que ha amenazado reiteradas veces con lanzar incursiones violentas contra nuestro país.