Mineras y narco: investigación urgente

En el contexto de la 44 Convención Nacional Ordinaria del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, el líder de dicho gremio, Napoleón Gómez Urrutia, denunció que las minas Plata Panamericana, en Zacatecas; Américas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold, en Guerrero, presentan un patrón de infiltración del crimen organizado semejante al reportado en el tajo de Camino Rojo, en Zacatecas. El dirigente señaló que la mayoría de las minas con actividad criminal operan con capital canadiense, lo cual es consistente con el hecho de que 70 por ciento de la actividad minera de metales preciosos en México es controlada por empresas provenientes de ese país.

Cabe recordar que el caso de Camino Rojo, filial de la canadiense Orla Mining, fue dado a conocer por el panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC. Como se informó hace casi un mes, esa instancia determinó que la empresa utilizó al crimen organizado para violar los derechos laborales de sus trabajadores y amenazarlos a fin de que desertaran del Sindicato Nacional Minero. Según una resolución preliminar, Camino Rojo es “responsable directa de injerencia patronal” en actividades sindicales por actos documentados de violencia y amenazas de muerte contra los trabajadores, para obligarlos a entregar su contrato colectivo a un gremio de “protección” patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.

Asimismo, las prácticas antisindicales y las relaciones con el crimen organizado de las multinacionales de la minería se encuentran documentadas desde décadas antes de que existiera el MRR. Por ejemplo, desde inicios del siglo comunidades indígenas del estado de Guerrero han denunciado múltiples procesos de desplazamiento forzado a manos de grupos delictivos que, según dirigentes comunitarios y organismos de derechos humanos, operan como fuerzas de choque al servicio de las mineras. Por ello, es urgente iniciar o acelerar las investigaciones correspondientes a fin de establecer las posibles responsabilidades y terminar con esta relación de la delincuencia local con los dueños de grandes capitales trasnacionales. La complicidad entre tales actores no sólo cercena los derechos laborales de los trabajadores directamente afectados, sino que crea las condiciones para grandes tragedias humanas y ambientales, fortalece a los grupos delictivos que amenazan la integridad física y patrimonial de muchas personas, incrementa el riesgo de saqueo material y fiscal contra la nación y proporciona un pésimo ejemplo para otras compañías que, en vista de la impunidad, pueden sentirse tentadas a replicar el modelo.

Si se comprueban los nexos denunciados, está claro que el Estado deberá proceder como exige el Sindicato Minero, cancelando la concesión a las empresas involucradas y retirando el registro a los gremios patronales –entidades que son una de las mayores amenazas contra los trabajadores de todos los sectores–. Asimismo, se deberá abrir expedientes penales a todos los mandos corporativos enredados en tratos con la delincuencia, tanto porque así lo manda la ley como para enviar un mensaje disuasorio a ejecutivos de pocos escrúpulos.

Edición: Ana Ordaz