Opinión
La Jornada
08/05/2026 | Ciudad de México
De acuerdo con un funcionario citado por CBS News, el Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por Marco Rubio, inició una “revisión” de los 53 consulados de México establecidos en territorio estadunidense, una medida que podría derivar en el cierre de algunas sedes diplomáticas. Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, confirmó de manera indirecta el trascendido al declarar que la Casa Blanca “revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadunidenses” para asegurar que estén alineados con la agenda “Estados Unidos Primero”, impulsada por el presidente Donald Trump.
La red consular de nuestro país es la más extensa de cuantas operan en territorio estadunidense, una extensión que responde a razones bien conocidas y determinadas por la historia y la geografía compartidas. Por una parte, esas oficinas están ahí para los 12 millones de mexicanos y los 28 millones de estadunidenses hijos o nietos de mexicanos, que en conjunto representan 11.5 por ciento de la población estadunidense y conforman la segunda mayor minoría en ese país, y la primera por origen nacional. Los consulados son indispensables para proteger los derechos de los mexicanos y sus descendientes, así como para brindarles servicios de documentación, legales, más necesarios que nunca ante la cacería humana de que son objeto en la actualidad. Además, los consulados forman parte del entramado institucional necesario para mantener en funcionamiento la relación comercial más importante del planeta.
Al amenazar con el cierre de oficinas consulares mexicanas, Washington da a México el mismo trato que a quienes oficialmente considera sus enemigos, pues los ejemplos más recientes de clausura de sedes diplomáticas afectaron a China y Rusia. Tratar como adversario al primer socio comercial es un error grave que perjudica a ambos países y constituye una amenaza contra 40 millones de personas que ya se ven perseguidas, explotadas, víctimas de violaciones masivas a sus derechos humanos y bajo intentos brutales de negación de su identidad, como la eliminación del español de todas las comunicaciones federales.
La reducción forzosa de la red consular mexicana resulta inadmisible y, de producirse, debe ser respondida con medidas recíprocas y simétricas. No se trata de adoptar actitudes revanchistas ni mucho menos de patrioterismo huero, sino de la irrenunciable defensa de nuestros connacionales.
Edición: Ana Ordaz
