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Foto: Japay

La presión ciudadana sobre la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) es inversamente proporcional a la que tienen las tuberías que llevan el líquido a los hogares. Este año, con todo y que el inicio de la primavera no alcanzó las temperaturas que los yucatecos ya anticipaban, las protestas por las deficiencias en la distribución del agua sí han aumentado de tono, particularmente en Mérida.

Precisamente en abril, vecinos del poniente de la capital yucateca -el mega fraccionamiento Ciudad Caucel -llevaron a cabo bloqueos de avenidas y otras manifestaciones, ante la incapacidad de la paraestatal para garantizar el servicio. Incluso entonces, el director de la Japay, Francisco Torres Rivas, auguró que habría más cortes en el suministro no sólo para esa zona, sino para todo el municipio. 




Pero si Ciudad Caucel puede considerarse las afueras de Mérida (colinda con la comisaría del mismo nombre, lo que incrementó la presión sobre todos los servicios públicos en la zona), ahora la manifestación vino de una zona más tradicional, que agrupa a las colonias Alemán, Jesús Carranza, San Miguel e Industrial; mucho más próximas al centro de la urbe y que, curiosamente, cuenta con un cárcamo de rebombeo y donde también se encuentran oficinas de la Japay. 

Torres Rivas, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional y ex secretario de Obras Públicas en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, está identificado con el vecindario, con el que suscribió 10 puntos de acuerdo que incluyen un sistema de captación en la colonia Nuevo Yucatán, una planta eléctrica para prevenir que los futuros apagones afecten la distribución de agua, el mantenimiento al cárcamo de la colonia Jesús Carranza, la reparación urgente de fugas y tuberías obstruidas, entre otros.

Mientras, quienes reporten fallas en el servicio recibirán pipas de agua potable en sus domicilios; una escena que implica el colapso de la calidad de vida de los meridanos, acostumbrados a ver este cuadro a través de noticieros de la Ciudad de México. El panorama no es apocalíptico sino, valga el neologismo, iztapalíptico.

Torres Rivas ha expuesto en varias ocasiones que el desabasto se debe al crecimiento de Mérida y al inevitable deterioro de la infraestructura que se tiene. El reconocimiento, sin embargo, implica reconocer la falta de planeación para hacer llegar los servicios públicos a los nuevos asentamientos o el ninguneo de que es objeto la Japay al momento de decidir cuándo, cómo y dónde surgirán desarrollos inmobiliarios y la densidad de estos.

Por otro lado, al usuario le importa poco quién es responsable de hacer llegar el agua potable a su domicilio y que, por supuesto, tenga la presión suficiente como para alcanzar el tinaco y que éste se llene. Por esto es explicable que la alcaldesa, Cecilia Patrón Laviada, haya salido a aclarar que esta responsabilidad corresponde plenamente al gobierno estatal, a través de la Japay. Si además, como indicó Torres Rivas, el ayuntamiento está en trámites para la donación de un terreno para instalar el sistema de captación prometido, la traducción es que se está viendo por la ciudadanía.

Pero, por otro lado, debe llamar la atención el rápido deterioro de la capacidad de hacer llegar el agua a la población. En algún momento, apenas saliendo de la pandemia, Yucatán pretendió atraer el fallido proyecto de instalar una planta de Tesla, que presuntamente debía levantarse en Nuevo León, alegando la abundancia de agua como ventaja competitiva. Y es posible que esto siga siendo una realidad, pero ahora el tema es la calidad del líquido data también la contaminación creada por quienes dirigieron sus desagües hacia cenotes, pero más recientemente por el uso extendido de herbicidas y plaguicidas.

Lo cierto es que, si el reparto de agua mediante pipas se vuelve costumbre, será síntoma de que Mérida habrá perdido mucho de lo que la hizo uno de los mejores lugares para vivir en México.




Edición: Estefanía Cardeña



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