Opinión
La Jornada
13/05/2026 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trasladarse con su equipo a Guerrero para ayudar al retiro de bloqueos y restablecer el orden en la zona de Chilapa. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que en ese municipio de la Montaña Baja existen “tres poblados y tres bloqueos en distintos lugares”, por lo que la prioridad es permitir la salida de los heridos y retirar las obstrucciones mediante el diálogo, evitando enfrentamientos que pongan en riesgo a la población civil. Por su parte, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, informó sobre un acuerdo con líderes comunitarios acerca de la “necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región”.
La actual fase de la crisis comenzó hace una semana, cuando miembros del grupo criminal Los Ardillos emprendieron un ataque generalizado con armas de fuego, drones e incendios a fin de hacerse con el control de los pueblos de Tula, Alcozacán, Xicotlán y Acahuehuetlán. Debido al empuje del grupo, considerado narcoparamilitar por las comunidades, hasta mil 300 personas han sido desplazadas, al menos 20 resultaron heridas y hay un número aún indeterminado de asesinados y desaparecidos. Sin embargo, el conflicto se remonta por lo menos a 2019, cuando Los Ardillos comenzaron a hostigar a pueblos organizados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF, policía comunitaria indígena), la cual representa un obstáculo en sus actividades de elaboración y distribución de estupefacientes, extorsión y secuestro.
La situación se complica por la combinación del fenómeno delictivo con problemáticas y violencia intracomunitaria. Para colmo, en la serranía guerrerense, como en otras zonas del país que padecen alta marginación, los grupos delictivos disponen de una base social que les permite infiltrar comunidades, actuar como agentes legítimos y obstruir la acción de la justicia.
En este contexto, es fundamental remarcar que el arribo de funcionarios y corporaciones armadas federales se conceptualiza e implementa como un esfuerzo de construcción de la paz y no como una “guerra” contra los criminales. Ello no significa que se entre en tratos o se tolere a quienes han sembrado el caos en la región, sino que las autoridades son conscientes de la compleja realidad a la que se enfrentan, así como del desastre humanitario causado por políticas que no hacen distingo a los delincuentes de los civiles atrapados en zonas controladas por los primeros. La lógica de guerra, impuesta en México durante el calderonato, pone en marcha mecanismos de tierra arrasada, en los que la población pasa de ser víctima de la violencia delictiva a caer bajo la violencia de Estado; una perversión del uso de la fuerza pública que no puede ni debe repetirse.
En lo inmediato, es urgente poner a salvo a los civiles desarmados, impedir que los criminales se apoderen del territorio y garantizar el regreso seguro de los desplazados. En el mediano y largo plazos, cabe esperar que el despliegue actual se convierta en un ejemplo de la superioridad ética y estratégica de las políticas de construcción de paz y de la improcedencia de volver a esquemas fallidos de multiplicación de la violencia.
Edición: Ana Ordaz
