Opinión
La Jornada
20/05/2026 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Estados Unidos no ha satisfecho ninguna de las 269 solicitudes de extradición planteadas por México desde el 1 de enero de 2018 hasta el 13 de mayo pasado. De ese total, 36 requerimientos fueron negados y 233 permanecen pendientes de concluir; de estos últimos, 183 corresponden a peticiones formales de extradición y 50 a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
La mandataria destacó que las negativas y las inexplicables dilaciones tienen lugar pese a la gravedad de las acusaciones por las que se busca a los imputados, pues entre ellos hay personas involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude fiscal y una red de contrabando de combustibles (entre los ilícitos atribuidos al ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca); el autor intelectual del
asesinato de nuestro compañero Javier Valdez, Dámaso López Serrano,
El Mini Lic, así como defraudadores de los fondos de vivienda de los trabajadores. Por su parte, el canciller Roberto Velasco señaló que las peticiones se han acompañado de todos los elementos necesarios para satisfacerlas, como claridad en la expresión del delito y la manifestación de que hay una orden de aprehensión.
Este caso ilustra la abismal asimetría en la supuesta cooperación de México y Estados Unidos en materia de seguridad, no sólo porque en menos de un año las autoridades mexicanas han cumplido casi un centenar de solicitudes de extradición de Washington, sino también porque en los últimos siete años aquí se ha detenido a cabecillas y operadores financieros, se han desmantelado laboratorios clandestinos, se han confiscado volúmenes récord de estupefacientes y se ha apuntado a las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado. Mientras tanto, al norte del río Bravo se permite y hasta se financia el flujo de armas para los criminales; se ha reforzado el sistema de secreto bancario y empresarial que hace de Estados Unidos el mayor centro de lavado de dinero del planeta, se desfinancian los de por sí nimios programas orientados a atajar el problema del consumo, se fortalece una industria farmacéutica que es la creadora de adictos a opioides como el fentanilo y se desvían los recursos del combate al narcotráfico a la cacería de trabajadores migrantes. Cuando los tribunales estadunidenses procesan a personas acusadas de trasiego de estupefacientes, muchas veces lo hacen sin intención de esclarecer, impartir justicia y frenar el tráfico de drogas.
En lugar de la aplicación de la ley, los guía la agenda intervencionista de su país, en la que los narcotraficantes –reales o presuntos– son usados como parte de operaciones de golpeteo político, en las que se crean narrativas que habilitan acciones desestabilizadoras.
La historia de Dámaso López Serrano, apodado El Mini Lic porque a su padre se le conoce como El Licenciado, ejemplifica las malas prácticas del sistema jurídico estadunidense. En 2017, tras el fracaso de una intentona de su padre para hacerse con el control del cártel de Sinaloa, López Serrano se entregó al gobierno de Estados Unidos, el cual le dio el estatus de testigo protegido y lo recompensó por sus servicios, poniéndolo en libertad condicional en 2022. Esto, pese a que desde 2020 la Fiscalía General de la República solicitó su extradición a fin de que responda sobre su papel como autor intelectual del asesinato de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Culiacán, cuyo trabajo es fundamental para entender el fenómeno delictivo en Sinaloa.
El 13 de diciembre de 2024, la FBI arrestó al Mini Lic en una trampa montada para probar que coordinaba la entrega de tres kilos de fentanilo a un socio en Los Ángeles. Washington mostró que lo sigue tratando como un aliado más que como un delincuente, pues la pena que se le impuso es la mitad de la mínima establecida para quien trafica más de 400 gramos de fentanilo.
En suma, está a la vista la hipocresía de señalar que México “es gobernado por los cárteles y por nadie más”, cuando todos los indicios apuntan a que es Washington el que está en constante trato con ellos, les da protección y les ofrece un “ambiente de negocios” propicio para sus actividades.
Con esta evidencia, es claro que las relaciones bilaterales en materia de seguridad deben replantearse seriamente, pues resulta inaceptable que nuestro país haga todo el trabajo sin recibir a cambio más que recriminaciones, calumnias y hostigamiento.
Edición: Estefanía Cardeña
