Opinión
La Jornada
21/05/2026 | Ciudad de México
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos acusó al ex presidente cubano Raúl Castro (2008-2018), por el derribo de dos avionetas de “ayuda humanitaria” el 24 de febrero de 1996, cuando era ministro de Defensa de la isla. El nivel de mendacidad y el retorcimiento de la realidad ya no pueden sorprender en un DOJ que esta misma semana ordenó entregar casi mil 800 millones de dólares como “indemnización” por haber sido judicializados a los individuos que el 6 de enero de 2021 asaltaron el Capitolio, agredieron a policías, amenazaron de muerte a legisladores y cometieron otros actos de barbarie irracional con el propósito de romper el orden institucional estadunidense.
Tan falso como hacer pasar por víctimas a los fallidos golpistas azuzados por Donald Trump es pretender que Cuba fue la parte agresora en el incidente ocurrido hace más de 30 años. Por principio de cuentas, los Cessna 337 no realizaban ninguna labor humanitaria; eran operados por un grupo terrorista anticubano con base en Miami, el cual participó en acciones paramilitares desde 1959, incluidos la invasión de Bahía de Cochinos y varios intentos de asesinato a Fidel Castro. Durante 20 meses, la formación encabezada por el ex agente de la CIA José Basulto invadió el espacio aéreo cubano, tanto para provocar a las autoridades como para el lanzamiento de propaganda contrarrevolucionaria. Cada acción ilegal fue documentada por La Habana y reportada al Departamento de Estado y la Administración Federal de Aviación estadunidenses, así como a la Organización Internacional de Aviación Civil de Naciones Unidas. El propio Basulto reclutó a la cadena de televisión NBC para documentar sus acciones criminales, por lo que es imposible alegar que Estados Unidos desconocía tales antecedentes.
El hecho de que hayan pasado 30 años entre los acontecimientos y la imputación muestra que todos los presidentes estadunidenses desde Bill Clinton (en el poder en 1996), pasando George W. Bush, Barack Obama, Trump en su primer periodo, hasta Joe Biden, fueron conscientes de que Cuba hizo un uso legítimo de su derecho a proteger su espacio aéreo y de que el único delito que perseguir era el de los ultraderechistas de Miami, quienes por supuesto quedaron impunes. Así pues, los cargos contra uno de los líderes históricos de la revolución cubana sólo pueden entenderse en el contexto de la creciente ruptura del discurso trumpista con la realidad –de la que dan cuenta sus reiteradas aseveraciones fantasiosas de que las fuerzas militares de su país derrotaron a Irán–, la instalación de una política exterior basada sin disimulo en la obtención de botines para la clase gobernante y la captura del aparato judicial estadunidense por fiscales y jueces divorciados de la legalidad.
Aunque sería un crimen atroz, un eventual secuestro de Raúl Castro por órdenes de la Casa Blanca –como el que sufrieron el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, aún cautivos en Estados Unidos– no tendría como principal víctima al ex mandatario ni al pueblo cubano, sino al planeta entero: permitir la continua arbitrariedad de Washington significaría renunciar por completo a los últimos vestigios de legalidad internacional y aceptar que cualquier persona, en cualquier lugar, se encuentra a expensas de los caprichos de un magnate sádico que tiene en sus manos el botón nuclear. Las circunstancias exigen un cierre global de filas con Cuba, así como un rechazo generalizado al acoso homicida impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña.
Edición: Ana Ordaz
