Opinión
La Jornada
27/05/2026 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció el vínculo de la derecha mexicana con organizaciones internacionales de dicha tendencia ideológica creadas para atacar y desestabilizar a gobiernos progresistas. La mandataria aseveró que “nos corresponde seguir defendiendo lo nuestro, la historia y un gobierno que defiende a su pueblo”, pues “eso es lo que está en disputa hoy”. Asimismo, expresó su convicción de que, ante los ataques, corresponde a los gobiernos de la transformación estar cerca del pueblo, movilizados, defendiendo la independencia, la soberanía, y la verdadera democracia, la de las mayorías y no de las élites.
En efecto, está ya plenamente documentada la existencia de una red internacional de organismos de ultraderecha que buscan aniquilar no sólo a los gobiernos, sino también a los movimientos sociales y a los contados medios de comunicación que resisten la instalación de una oligarquía cleptocrática trasnacional. Los principales nodos de esta red se encuentran en el Madrid de los franquistas Partido Popular (PP) y Vox; en el Washington y la Florida trumpistas, y en el Buenos Aires de Javier Milei. El protagonismo del anarcocapitalista desnuda el ideario y las prioridades de la internacional neofascista: mientras ha aplicado al pueblo argentino lo que él mismo presume como el mayor ajuste fiscal de la historia y ha convertido a los trabajadores en damnificados, Milei no escatima recursos para viajar por el mundo de un encuentro neoliberal al siguiente, ni para financiar la desinformación, el discurso de odio y el desplazamiento de la democracia por una dictadura global en manos de los magnates tecnológicos.
Desgraciadamente, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional parecen haber depositado en esta red sus esperanzas de recuperar las posiciones de poder perdidas por el repudio popular. Más allá del ruido mediático y la manipulación de la opinión pública, los dirigentes opositores lanzan constantes provocaciones y violan la ley en forma incluso provocadora, como confesó de manera inadvertida la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, al relatar con ligereza su complicidad con agencias de seguridad y espionaje estadunidenses. Debe remarcarse que los actos de Campos no pueden minimizarse como diferencias ideológicas o en el estilo de gobernar, sino que constituyen delitos graves entre los que se incluyen traición a la patria y usurpación de funciones. Colaborar con instancias extranjeras es una competencia exclusiva del Ejecutivo federal y del Senado de la República, y eso no cambia por mucho que las derechas prefieran la sumisión a Washington que la coordinación con el gobierno federal mexicano elegido y respaldado por la ciudadanía.
En este panorama, queda claro que la defensa de la soberanía no es un eslogan vacío, sino un llamado esencial para preservar la independencia frente a una ofensiva internacional que linda con el golpismo, en la medida en que intenta descarrilar un proyecto de nación que emana de la voluntad popular expresada en las urnas el 2 de junio de 2024. Por último, quienes pretenden relativizar la soberanía en nombre de valores más “modernos” deben recordar que ésta es el basamento irrenunciable de la democracia y del estado de derecho en el país, tal y como está plasmado en la Carta Magna.
Edición: Ana Ordaz
