Injerencia extranjera: riesgo probado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo ayer que existe un riesgo real de injerencia extranjera en las elecciones de 2027, y que por este motivo respalda la reforma constitucional aprobada con 307 votos a favor de Morena, PT y PVEM; 128 en contra del PAN, PRI y MC, así como la abstención de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

La iniciativa, remitida al Senado, establece como causal de nulidad de elecciones la intervención extranjera probada. La nueva redacción del artículo 41 constitucional plantea anular comicios “cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”. Cabe señalar que el artículo 40 de la Carta Magna ya rechaza las interferencias foráneas, pero no contempla ningún mecanismo de sanción.

Para entender la necesidad de la reforma es preciso recordar que la injerencia de poderes externos con el fin de inducir el voto o de alterar la voluntad popular expresada en las urnas no es un planteamiento especulativo, sino una realidad histórica. Está documentado, por ejemplo, que en 2006 Washington maniobró para afianzar al gobierno de facto de Felipe Calderón. Apenas en 2024, la administración de Joe Biden dio millones de dólares a organizaciones vinculadas al prianismo a través de personajes como Claudio X. González. Si bien su candidata presidencial fue derrotada de forma contundente, es imposible determinar cuántos y cuáles legisladores, gobernadores y ediles de derecha deben sus cargos a la intervención foránea.

Si esto ocurrió en tiempos en que había un cuidado general de las apariencias democráticas, es obvio que el peligro se encuentra exacerbado ahora que el eje ultraderechista Washington-Madrid-Buenos Aires presume sin tapujos sus éxitos en imponer regímenes afines en América Latina mediante guerras de desinformación, financiamiento ilegal y extorsiones abiertas, como las ejercidas por Donald Trump al amenazar con sanciones a los países que no elijan a sus títeres en la región.

Como indicó la Presidenta, los cambios constitucionales deben ser complementados con legislación secundaria que establezca criterios objetivos e imparciales para determinar las vulneraciones a la democracia. Asimismo, es fundamental especificar las circunstancias en que se anularán los comicios, pues sería ilógico descalificarlos cuando la fuerza política que cometa traición a la patria sea derrotada en las urnas. En estos casos, está claro que lo conducente es validar los comicios y fincar responsabilidades administrativas y penales a quienes incurran en actos ilícitos.

Las fuerzas políticas que mantienen relaciones con organizaciones y gobiernos extranjeros desestabilizadores y golpistas, autoidentificadas por su voto en contra de la iniciativa, tienen en el Senado una oportunidad de mostrar un mínimo sentido de nación y de decoro, y de evidenciar ante a la ciudadanía que no atentarán contra la independencia de México en un afán egoísta de recuperar el poder.

Edición: Emilio Góme