Opinión
La Jornada
30/05/2026 | Ciudad de México
srael anunció el “congelamiento” de sus relaciones con la oficina del secretario general de la ONU, António Guterres, por incluir al país en la “lista negra” de actores que ejercen violencia sexual en conflictos armados. El informe que da cuenta de las violaciones sistemáticas perpetradas por las fuerzas de ocupación israelíes no ha sido publicado, pero los estados implicados lo reciben de manera previa.
La “indignación” de Tel Aviv con Naciones Unidas es una farsa predecible. Nadie en el régimen de Benjamin Netanyahu ignora –y, según todos los indicios, tampoco desaprueba– el uso de la violencia sexual como herramienta de tortura, humillación e incluso como un mero entretenimiento por parte de las fuerzas armadas israelíes contra el pueblo palestino, así como contra cualquier persona que consideren un obstáculo en su proyecto de limpieza étnica.
En marzo de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado publicó un reporte en el cual documenta que la desnudez pública forzada, el acoso sexual, incluidas las amenazas de violación, así como la agresión sexual, son “parte de los procedimientos operativos estándar de las fuerzas de seguridad israelíes frente a los palestinos”. También establece el recurso de la violencia sexual y reproductiva contra los palestinos “como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación”, y muestra que “ha cometido actos genocidas mediante la destrucción sistemática de instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva”. A la luz de los hechos, el documento concluye que la violencia sexual y de género es “una estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino”.
La ONU de ninguna manera es la única instancia que ha comprobado estas conductas. “El abuso sexual generalizado de los presos palestinos es una realidad”, dice la directora ejecutiva (una abogada israelí-estadunidense) del Comité Público Contra la Tortura en Israel. Para la ONG Euro-Med Human Rights Monitor, Israel emplea “violencia sexual sistemática como parte de una política estatal organizada”. Decenas de periodistas que trabajan en Palestina han denunciado los abusos, de los que ellos mismos son víctimas recurrentes. Incluso The New York Times publicó un reportaje que exhibe “un patrón generalizado de violencia sexual israelí contra hombres, mujeres e incluso niños palestinos, perpetrada por soldados, colonos, interrogadores y guardias de prisiones” (eufemismo para los campos de concentración en que Tel Aviv mantiene secuestrados a miles de palestinos). Debe recordarse que el rotativo estadunidense es tan cercano al sionismo que instruyó a sus periodistas a evitar el uso de términos como “genocidio”, “limpieza étnica”, “territorio ocupado”, “campos de refugiados”, “masacre” y hasta “Palestina” cuando hablan de la ocupación y el genocidio.
En julio de 2024, un canal de televisión israelí difundió una grabación en la que soldados apartan a un rehén palestino para abusar sexualmente de él en un campo de concentración conocido como “el Guantánamo israelí”. El régimen de Netanyahu no negó la autenticidad de las imágenes. Apenas hace 10 días, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, publicó un video en el que aparece burlándose de decenas de activistas secuestrados, quienes fueron filmados arrodillados, maniatados y con la frente en el suelo. Ben Gvir no perdió su cargo y defendió que así debe tratarse a quien desagrade a Tel Aviv, lo que obliga a preguntarse cómo son tratados los palestinos cuando nadie está mirando, si se procede de esa manera con europeos y delante de las cámaras.
Está claro que el problema no es la inclusión de Israel en una lista de estados que promueven la violencia sexual, sino la completa impunidad de que gozan todos los funcionarios implicados en dichos actos, y la pasividad de la comunidad internacional ante un régimen fuera de control.
Edición: Emilio Gómez
