Opinión
La Jornada Maya
05/06/2026 | Ciudad de México
La explosión de cuatro pipas presuntamente utilizadas para el trasiego ilegal de gas en el municipio de Tepeaca, Puebla, dejó al menos tres heridos, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y obligó a evacuar de manera preventiva a más de 2 mil personas de las inmediaciones, incluidos alrededor de mil 700 estudiantes y los pacientes de un hospital. El fuego provocado por el estallido fue controlado en el transcurso de la mañana, pero el predio donde se almacenaba el combustible quedó completamente destruido.
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El incidente de ayer, que por fortuna no dejó víctimas mortales, trae de vuelta a la atención pública la problemática del huachicol, es decir, la extracción, almacenamiento y comercialización ilegal de gasolina, diésel, turbosina, combustóleo y gas licuado de petróleo (LP). Sólo en el primer trimestre del año, las autoridades detectaron 299 tomas clandestinas en ductos de gas LP, de las cuales 157 estaban en el estado de Puebla y 44 en Tepeaca. En este sentido, lo ocurrido ayer resulta tan lamentable como previsible, pues sólo puede terminar en desastre una concentración semejante de intervenciones irregulares a las tuberías por parte de personas no cualificadas y ajenas a los procedimientos de protección civil. Que el predio siniestrado ayer estuviera a espaldas de un centro escolar proporciona la imagen más contundente acerca de la amenaza que el huachicol proyecta sobre todas las localidades donde opera.
El hecho es que, pese a todos los esfuerzos iniciados en el sexenio anterior y continuados y relanzados en el presente, el huachicol persiste en amplias zonas del país. Con respecto a la seriedad del combate a este delito, cabe mencionar que hace apenas una semana un operativo conjunto de autoridades federales y estatales permitió decomisar más de un millón de litros de diferentes hidrocarburos en Cadereyta, Nuevo León. Ayer mismo, se localizó una toma clandestina en Guaymas, Sonora, y se aseguró tanto el combustible como el equipo usado para extraerlo.
Para entender la persistencia de esta actividad delictiva es necesario observar el significativo arraigo social de que goza entre la población, en particular en comunidades pobres, marginadas y habituadas a desarrollar su cotidianidad en limbos jurídicos. Sin este arraigo, sería inexplicable la existencia de tantas tomas clandestinas en un municipio de 84 mil habitantes. Asimismo, existe una percepción distorsionada del huachicol como una especie de picardía más que como un crimen. Esta normalización pudo haberse consolidado debido a la negligencia cómplice del calderonato y del gobierno de Peña Nieto, periodos en que el ilícito alcanzó proporciones catastróficas para las finanzas públicas bajo la mirada complaciente de las autoridades.
Por ello, erradicar el fenómeno requiere no sólo ubicar y clausurar los sitios de extracción, decomisar vehículos de reparto y sancionar a los responsables directos, sino también concientizar a la sociedad acerca de la gravedad del ilícito y del peligro que representa para comunidades enteras. En otras palabras, se requiere la conjunción de ingeniería, inteligencia policial y trabajo social. Redoblar los esfuerzos de combate a las estructuras criminales, al mismo tiempo que se pone fin a la naturalización y el respaldo social del huachicol, es la única manera de evitar la repetición de una tragedia como la de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde 137 personas murieron el 18 de enero de 2019 mientras recolectaban gasolina de un ducto perforado por delincuentes.
Edición: Emilio Gómez
