Opinión
Julio Hernández López
09/06/2026 | Ciudad de México
Ante diversas exigencias de resolución a problemas acumulados, que se van concentrando en la marquesina del inminente tercio más débil del Mundial de Futbol, se rozó ayer de manera preocupante la cercanía con prácticas y fabricaciones de gobiernos anteriores contra movimientos sociales.
Cuatro horas fueron detenidos en una caseta de peaje de Tlalpan, Ciudad de México, 17 autobuses que transportaban a familiares de los estudiantes normalistas rurales desaparecidos casi 12 años atrás y a estudiantes de la propia escuela de Ayotzinapa, Guerrero, y de Mactumactzá, Chiapas.
La “contención” de esta movilización fue coordinada por el gobierno de Claudia Brugada, policías de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobernación, con la participación de la gubernamentalmente cooptada Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El subsecretario federal de Derechos Humanos, Arturo Medina, explicó que la acción obedeció a “denuncias ciudadanas en las que se refería y señalaban que se transportaban artefactos que pudieran afectar a los manifestantes o en el espacio público a los transeúntes, es decir, explosivos, petardos o alguna otra cosa”.
Medina, ha de recordarse, fue un afanoso ejecutor en el sexenio recién pasado de las crudas maniobras de desmantelamiento o degradación de estructuras que fueron esperanzadoras en cuanto a la investigación y castigo de delitos contra movimientos sociales y políticos; incluso trató de habilitar como divisores interlocutores en el caso de los familiares de los 43 a personajes escindidos que se relacionaban con el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, y el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre.
Ahora, este subsecretario de Gobernación encontró puntual confirmación de las “denuncias ciudadanas” recibidas: en las revisiones realizadas a los autobuses se dijo haber encontrado, en uno de ellos, una caja con 59 “artefactos explosivos” y, en otro vehículo, “uno o dos (artefactos) más”. No se reportó en lo inmediato si se abrió una carpeta de investigación, se detuvo a presuntos responsables o se consideró el hallazgo como prueba de un delito.
En realidad, el amable subsecretario Medina explicó que con estas revisiones de “carácter preventivo” y sus detonantes “hallazgos” se estaba actuando “para garantizar la seguridad e integridad de la expresión en el espacio público, y garantizar que ésta siga en su derecho a la libertad de expresión, pero de manera segura, y que no haya elementos que pudieran afectar a los manifestantes o quienes están en la calle (...) El objetivo es ése: que haya libertad de expresión, pero segura”.
Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos rechazaron la versión de la caja con explosivos. “Llevaron perros para la revisión, para ver si llevábamos o traíamos lo que ellos nos querían sembrar”, afirmó María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo. El operativo, señalaron, fue para “difamar y atacar”.
El peculiar operativo físico tiene como contexto la profusión de mensajes en redes sociales (las sabidas cuevas de bots) e incluso declaraciones de personajes de origen progresista o de izquierda contra los movimientos sociales que no han encontrado respuesta positiva del morenismo llegado al poder y que siguen peleando, gobierne quien gobierne.
La estigmatización, el lenguaje casi diazordacista y las maromas “justificatorias” pretenden deslegitimar y desactivar a los diversos movimientos sociales, en especial a la CNTE y los familiares de los 43, que de manera táctica han decidido expresarse con fuerza en el escaparate mundialista.
Y, mientras Donald Trump ha sido abucheado en el Madison Square Garden al aparecer en pantalla gigante durante un juego de las finales de la NBA (National Basketball Association), ¡hasta mañana!
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Edición: Estefanía Cardeña
