El cónclave de San Luis

Esta semana tendrá lugar en la ciudad de San Luis Potosí una reunión singular. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete se reunirán con los 32 gobernadores del país en la ya célebre Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). La singularidad del cónclave no solo se da en razón del número y la importancia de los asistentes, sino fundamentalmente por los asuntos que ahí se abordarán, y por la actitud beligerante que un grupo de gobernadores ha mostrado a lo largo de la presente administración y su desacuerdo con las posturas y decisiones del gobierno federal en materia presupuestal y sanitaria, entre otras.

El grupo más identificado es el de la autodenominada Alianza Federalista, integrado por los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro Torres; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, El Bronco, de Nuevo León; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima, y Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila.

Se trata de un grupo bastante heterogéneo, pero muy típico y representativo de la clase política nacional, con estudios profesionales en universidades públicas del país y algunos de ellos con posgrados en el extranjero. Todos se distinguen por su calidad de saltimbanquis que han ido de un partido a otro; lo mismo del PRI al PAN o al PRD, o en sentido contrario; una práctica ahora potenciada por la existencia del Movimiento Ciudadano, Convergencia y otros partidos.

La trayectoria de estos profesionales de la política es bastante ordinaria, ocupando cargos en el Poder Legislativo, como diputados o senadores, o en la administración pública de sus entidades, antes de ocupar las gubernaturas que ostentan. Algunos han sido acusados de desvío de recursos y otros hasta de vínculos con la delincuencia organizada para financiar sus campañas. Los señalamientos más recientes y conspicuos son sin duda los de los gobernadores de Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y Querétaro, señalados en las declaraciones de Emilio ‘L’ de entre los legisladores que en su momento recibieron dinero para aprobar la reforma energética del entonces presidente Peña Nieto.

Así, aunque sus trayectorias no son nada pulcras, y a pesar de que sus actuaciones durante la pandemia han sido bastante erráticas, este grupo, -al que en algunos momentos se han unido tímidamente los gobernadores de Chihuahua y de Yucatán-, se han sentido con la suficiente autoridad moral para descalificar las actuaciones del gobierno federal en relación con la emergencia sanitaria, solicitando incluso la destitución del subsecretario López-Gatell y la revisión de la coordinación fiscal, llamando a la celebración de una convención nacional hacendaria, con la expectativa de contar con más recursos en sus arcas públicas.

No será la de San Luis una reunión cualquiera, tendrán que privar la prudencia política y el afán de conciliación, cooperación y solidaridad. Por lo pronto, no habrá más recursos; al contrario, la caída de la actividad económica que se está produciendo, estimada de entre ocho y 10 puntos del PIB, al cierre de 2020, producirá una reducción de la recaudación fiscal y consecuentemente una menor distribución de recursos a las entidades federativas. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el titular del Ejecutivo Federal debe enviar a más tardar el 8 de septiembre al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2021, el proyecto de presupuesto de egresos y la iniciativa de ley de ingresos para el año entrante. La reunión de San Luis puede ser, sin embargo, ocasión propicia para iniciar una discusión a fondo del pacto fiscal y de una reforma al sistema hacendario que el país requiere... ¡Con la clase política que tenemos!

*Profesor de la UNAM

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Edición: Ana Ordaz