Opinión
La Jornada Maya
22/06/2026 | Mérida, Yucatán
El pasado viernes, cerca de las 17 horas, dos plantas generadoras privadas en la región Sureste y Peninsular salieron de operación, lo que afectó a casi 120 mil usuarios en la península de Yucatán y Tabasco, según dio a conocer la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es posible que el número resulte poco relevante en comparación a la población del centro del país. Sin embargo, si se revisan las áreas de impacto, se encontraría que se perjudicó a zonas urbanas densamente pobladas, lo que termina por alimentar el descontento contra la empresa autodenominada de clase mundial.
La declaración es un reconocimiento de que la CFE está limitada para responder oportunamente a la contingencia causada por un proveedor particular que, por cualquier motivo, suspende el servicio. La reacción de la paraestatal para restablecer el servicio fue relativamente adecuada, pero deja la sensación de que la salida de las dos plantas pudo preverse y de esta manera minimizar el perjuicio a una población que, en estos meses, experimenta altas temperaturas y, cuando se dan los apagones, queda expuesta a que sus aparatos electrodomésticos se pierdan debido a los altibajos en el voltaje y la suspensión abrupta del servicio.
En apariencia, el problema es la dependencia de proveedores privados para la generación de energía. Sin embargo, también debe tomarse en cuenta la falta de previsión ante la salida de plantas generadoras; porque estas pueden tener tres motivos para suspender el suministro: un mal funcionamiento propio, una falla en la interconexión a la red de la CFE o ya cumplieron la cuota de lo que se les compra. De éstas, únicamente la primera es una causa que califica como no atribuible a la paraestatal, y en ese caso debe existir una sanción.
Mientras, este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró una planta de ciclo combinado en Mexicali, Baja California, que aportará 673 megawatts. La falla del viernes que afectó a la península fue de 170 megawatts. Y de nuevo, debe tenerse en cuenta que el tiempo transcurrido desde la entrada en funciones de la central energética Mérida 4 se cuenta todavía en semanas. Es decir, las obras ya puestas en función en la península de Yucatán han resultado insuficientes para garantizar la regularidad del servicio.
Es cierto que la demanda también está creciendo a pasos agigantados, y que buena parte del problema está en dos grupos de usuarios: los habitantes de predios irregulares o invasiones, que se “cuelgan” de la red de alumbrado público para satisfacer las necesidades inmediatas de energía, y lo domicilios convertidos en espacios de renta breve que terminan empleando la electricidad que podría utilizar un hotel de medio tamaño, pero se acoge a la tarifa doméstica. Estos últimos son los que podrían ser auditados y, si la autoridad pretendiera aportar a la solución, deben ser regularizados como negocio.
Pero a la CFE le queda la tarea de anticipar los desperfectos. La verdadera clase mundial se mide también en la capacidad para prevenir la suspensión del servicio, especialmente cuando hay una relación cliente -proveedor. En el caso del fin de semana, es de esperarse que la paraestatal anuncie, si es que el apagón fue atribuible únicamente a las plantas generadoras privadas que indicó en su comunicado, la aplicación de una multa de acuerdo al contrato de prestación de servicios que debe existir, y que con toda seguridad contempla situaciones de incumplimiento.
Edición: Ana Ordaz
