Opinión
La Jornada
22/06/2026 | Ciudad de México
El candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, anunció que impugnará 33 mil mesas (casillas) y, si bien reconoció como “un dato no oficial ni vinculante” el preconteo que lo coloca casi un punto por debajo de su rival ultraderechista Alberto de la Espriella, dijo que no fijará su postura sobre la segunda vuelta efectuada ayer sino hasta que se produzca el resultado final del escrutinio y se hayan hecho las verificaciones correspondientes. De acuerdo con ese resultado provisional divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y con 99.99 por ciento de las mesas informadas, Cepeda habría obtenido 48.7 por ciento de la votación frente a 49.66 por ciento de su contrincante. El abanderado progresista remarcó su compromiso con la democracia y reafirmó que reconocerá el resultado oficial emanado de la labor de escrutinio contemplada en la ley, para la cual se ha convocado a un “grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados”.
Independientemente de los hallazgos del escrutinio, las elecciones están manchadas por intromisiones externas e internas. En el plano foráneo, las maniobras de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, para alterar los comicios a favor de De la Espriella tienen un potencial de distorsión que no puede minimizarse en ningún sistema democrático. En lo interior, las extorsiones empresariales, de iglesias evangélicas y de grupos armados ligados a la gran propiedad rural son modalidades de fraude que no pueden detectarse en el escrutinio, pero que distorsionan de manera efectiva la voluntad popular.
A lo anterior debe sumarse la conducta facciosa del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría. La parcialidad de los órganos electorales es sistemática, y su negativa a dar certeza a los comicios se puede seguir en el caso Thomas Greg & Sons. En 2018, tras comprobarse alteraciones, exclusión de votos y sabotajes en las elecciones de 2014, el Consejo de Estado les ordenó adquirir un software propio que permitiera una trazabilidad completa (desde la mesa de votación hasta la declaratoria final). Sin embargo, hasta la fecha, ambas instancias se mantienen en desacato por el empeño de entregar la logística, el preconteo y el primer escrutinio a la firma privada Thomas Greg & Sons. Asimismo, se niegan a hacer público el código fuente del software de consolidación (adquirido a la multinacional Indra), argumentando riesgos de seguridad y hackeo.
El CNE y la Registraduría (con el apoyo de los medios de comunicación y el empresariado) insisten en que cuestionar los resultados electorales significa desacreditar a los ciudadanos que fungen de funcionarios de casilla y que, por lo tanto, un señalamiento a los funcionarios equivale a un ataque al pueblo en su conjunto. Se trata de una falacia que podría encubrir irregularidades, conflictos de intereses y la parcialidad de burocracias que entregan un poder sin contrapesos a intermediarios tecnológicos privados. Al ocultar los algoritmos bajo el argumento de la propiedad intelectual o la seguridad, estos organismos erosionan el pilar fundamental de la democracia republicana: la certeza y la verificabilidad de los resultados.
Ciertamente, no se puede ignorar el peso de las posturas reaccionarias, autoritarias y conservadoras en buena parte de la ciudadanía colombiana, pero en tanto no se compruebe en forma inequívoca el sentido de cada uno de los sufragios emitidos ayer, no puede concluirse que recibieron un respaldo mayoritario. Por el bien de Colombia y la credibilidad de las instituciones en que se fundamenta su democracia, es imperativo que la elección se limpie, lo cual requiere al menos culminar el escrutinio rutinario y dar curso a las posibles impugnaciones legales a que haya lugar. Sólo entonces podrá anunciarse el veredicto de la voluntad popular.
Edición: Ana Ordaz
