Mineras y delincuencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo ayer en su conferencia matutina que está bajo investigación la intervención de la delincuencia organizada en el sector minero del país. Interrogada sobre las denuncias de que existen pactos entre grupos criminales con empresas extractivas canadienses, la mandataria dijo que no se han presentado demandas formales –ante las fiscalías estatales o la federal–, pero se refirió a los incumplimientos de tales consorcios con las regulaciones ambientales.

Como se recordará, a principios de mayo pasado el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que las mineras Plata Panamericana, en Zacatecas; Américas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold, en Guerrero, presentan un patrón de infiltración del crimen organizado semejante al que ya fue reportado en la empresa Camino Rojo: el recurso a células delictivas para interferir en la vida gremial, violar derechos laborales y extorsionar a los trabajadores para que deserten de los gremios y entreguen sus contratos a “grupos de protección” o sindicatos al servicio de la patronal. Tal señalamiento fue dado a conocer desde abril por el panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC).

En realidad, la connivencia entre empresas mineras y crimen organizado ha venido siendo mencionada desde mucho tiempo atrás –particularmente, en Guerrero y Michoacán–, y no sólo porque el segundo aporte grupos de choque al servicio de las primeras, sino porque hay numerosos indicios de que algunas corporaciones se sirven de la delincuencia para expulsar poblaciones de sus territorios, talar áreas boscosas a fin de utilizarlas con propósitos extractivistas e incluso controlar caminos rurales para operar con impunidad el tráfico de personas, de armas y de estupefacientes.

Así pues, los delitos ambientales propiamente dichos serían sólo la punta del iceberg de una modalidad de quebrantamiento del estado de derecho que pasaría por el despojo de tierras, la extorsión y la supresión de derechos laborales básicos. El hecho de que no se hayan presentado denuncias formales sobre estos fenómenos no significa que no existan; sería, simplemente, reflejo del temor de individuos y comunidades ante posibles represalias.

En esta circunstancia, es claro que las instancias gubernamentales deben llevar a cabo una investigación amplia y de gran calado a fin de determinar la extensión de los nexos entre actividades delictivas y actores económicos formalmente constituidos, que se han caracterizado desde siempre –y no sólo en México– por su ambición desmedida, su falta de escrúpulos y su desdén por los derechos humanos, laborales y colectivos y también, desde luego, a las regulaciones ambientales. A lo largo de los siglos y en todas las latitudes, la actividad minera ha sido un ámbito en el que se articulan las grandes fortunas y la explotación inicua, la depredación del entorno y las utilidades astronómicas, el oro y la miseria.

Resulta necesario, por ello, vigilar con especial atención las actividades mineras y garantizar que se desarrollen en estricto respeto a las leyes, así como ir a fondo en la procuración de justicia cuando resulte patente cualquier infracción al marco legal.

Edición: Estefanía Cardeña