Opinión
La Jornada Maya
02/07/2026 | Mérida, Yucatán
La comunicación por parte del gobierno es un ejercicio crucial para toda sociedad. Implica un sentido de transparencia y rendición de cuentas, siempre y cuando se ofrezca información verificable. No es casualidad que, desde hace varios años, titulares del Ejecutivo de los tres niveles y emanados de todos los partidos hayan experimentado varios modos de hacer llegar sus mensajes a la población.
El pasado 24 de junio, Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, anunció la puesta en marcha del programa digital Detector de Mentiras, con el objetivo de señalar y, en su caso, aclarar información que se considere falsa o imprecisa, aparte de ser presumiblemente difundida con dolo para generar confusión.
El esquema tiene antecedentes en la conferencia mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente lo mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, Huacho Díaz está recurriendo a un método ya probado por el Ejecutivo federal, emanado de la Cuarta Transformación, lo que le debe ofrecer ventajas, siempre y cuando se brinde información verificada.
Por otra parte, en su calidad de servidores públicos, sujetos al escrutinio público, tanto el gobernador como sus colaboradores están obligados a darle la máxima publicidad posible a sus acciones, y esto implica también replicar aquella información que haya sido retomada y distorsionada; esa es la réplica a que tienen derecho, y es estratégico que Detector de Mentiras opere en las redes sociales, pues es precisamente ahí donde campean la desinformación y las denominadas “fake news”.
El periodismo profesional no debiera tener mayor problema, pues uno de sus principios es precisamente ofrecer información verificada. Demos como ejemplo reciente la nota de La Jornada que dio cuenta de la acumulación de 18.4 millones de piezas de medicamentos con valor superior a 121 millones de pesos, en el Hospital Infantil Federico Gómez, en la Ciudad de México, de la cual David Kershenobic, secretario de Salud, únicamente comentó que eran ciertas las cifras reveladas.
Nadie ha dicho nada acerca de callar voces críticas. Al contrario, el programa debe fomentar el debate sano; en el que no valen las descalificaciones por filias o fobias, ni las acusaciones sin fundamento, y en cambio deben predominar los argumentos y las pruebas documentales de las decisiones del gobierno. Aquí es, tal vez, el dolor de cabeza de muchos: hay quienes, por formación, desconfían de toda obra o mensaje del mandatario, y aunque la democracia se funda precisamente en la mutua desconfianza entre gobernantes y gobernados, las obras y políticas establecidas deben analizarse a profundidad, con datos en la mano, y hasta el momento el modelo de la Presidencia ha insistido en el respeto a la libertad de expresión, que no debe confundirse con un “derecho a la credibilidad”.
Combatir la desinformación es responsabilidad tanto del gobierno como de los medios de comunicación y otros sectores como la academia. Recordemos cuántas barbaridades se dijeron durante la pandemia de Covid-19, muchas veces fomentadas por líderes mundiales, pero también repetidas en aras de dar la primicia, sin verificar si lo dicho tenía sustento.
Precisamente en la era de la información es cuando menos certeza se tiene acerca de lo que se sostiene como verídico. Así, el hecho de que exista una plataforma que oriente acerca de las decisiones del gobierno contribuye a brindar un grado de certidumbre, aunque también es un nuevo espacio que pasará por el escrutinio público y eso es también una exigencia de contar con evidencias de lo dicho. Si lo que se pretende es combatir las mentiras, esto se hace precisamente con pruebas.
Edición: Estefanía Cardeña
