Opinión
Francisco J. Rosado May
06/07/2026 | Chetumal, Quintana Roo
Desde el 1 de julio se lleva a cabo la consulta nacional para crear la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Del 1 de julio al 6 de agosto se llevará a cabo la etapa informativa; del 7 de agosto al 13 de septiembre, cada comunidad hará las deliberaciones que considere pertinentes con base en su propio sistema interno. Las propuestas que surjan serán analizadas y se incorporarán al proyecto de iniciativa entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre. El 12 de octubre será turnada la iniciativa al Congreso. El proceso es liderado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero hay información detallada del mismo; por ejemplo, cómo se harán las consultas, quién integra el documento final y qué criterios se usarán.
Hay voces que se oponen al proceso. Sergio Sarmiento, en su columna Jaque Mate, publicada al anunciarse la consulta, sostiene que la propuesta de ley en cuestión es una forma de fomentar la división porque fragmenta la sociedad en vez de procurar una ciudadanía unificada en el país. La posición de Sarmiento no es nueva y son muchas las personas que piensan igual. La ONU, sin embargo, ha abordado el tema a profundidad y ha emitido acuerdos internacionales en el sentido de que reconocer y fomentar los derechos de los pueblos indígenas no implica la fragmentación de ciudadanía. Pero se necesita una política integral, una visión de nación que fomente la unión a través de principios de diversidad, equidad y justicia social, y se lleven a cabo procesos transparentes con rendición de cuentas.
La Declaración Universal de Derechos Humanos contempla una lista de prerrogativas esenciales para garantizar la dignidad de todas las personas. Se incluyen: derecho a la vida, a la equidad, libertad de expresión, prohibición de esclavitud y de tortura, a la educación (de calidad), al trabajo, a la libertad de pensamiento y religión, a la salud, a un juicio justo, entre las más notorias. Culturalmente, sabemos que hay diferencias entre los grupos sociales, por lo que, en un país tan diverso como México, el gran reto es precisamente mantener y garantizar esa diversidad, pero al mismo tiempo lograr la unidad como país. No es nada fácil, pero tampoco imposible.
El primer reto para superar es la claridad conceptual en el proceso, por lo que es válida la pregunta: ¿tenemos esa claridad conceptual? Lamentablemente, no hay evidencia de ello porque la descripción de los pasos del proceso, asumidos como la metodología que aterriza un concepto, no ofrece una respuesta clara. El segundo reto es contar con un equipo de trabajo con formación y experiencia que permitan tener un alto porcentaje de certidumbre en que el proceso no será una simulación. La información disponible no permite tener respuesta a esta duda.
En el caso del derecho a la educación (de calidad), que debe reflejarse en la ley que se está discutiendo, existe suficiente investigación científica que demuestra que los pueblos indígenas tienen una forma de aprendizaje diferente a la que usa el sistema nacional. No obstante, hay esfuerzos de educación indígena y de educación intercultural. El enorme reto es cómo asegurarse de que el derecho a la educación tenga no solo la calidad (tanto en infraestructura, en formación de docentes, en contenido y en técnicas de aprendizaje), sino también evitar la implementación de sistemas y modelos neo-indigenistas y/o neo-colonizadores que se pueden “vender” como que se está atendiendo al derecho a la educación, cuando en realidad está atentando contra los derechos de los pueblos indígenas a conservar y potencializar su lengua, cultura, saberes y formas de creación de conocimiento.
Sin ese análisis profundo, al menos para el área de educación, el proceso de consulta sería una simulación, una no atención a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Es cuanto.
Edición: Estefanía Cardeña
