EU: mentiras y agravios

En su conferencia matutina de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “todo parece indicar que el ex embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar (2021-2025) mintió” sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada, presunto cabecilla del cártel de Sinaloa.

Debe recordarse que Zambada fue secuestrado el 25 de julio de 2024 por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, su antiguo socio criminal. De acuerdo con la versión difundida por Washington, Guzmán engañó a Zambada para asistir a una reunión en una finca cerca de Culiacán, donde fue emboscado, amordazado, encapuchado y subido a un avión privado que lo llevó contra su voluntad a Estados Unidos, donde agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) lo detuvieron. Según afirmó entonces Salazar, ni la FBI ni ninguna otra agencia estadunidense habían participado en el plagio y el traslado ilegal de Zambada, sino que se limitaron a recibirlo de manos de Guzmán López.

Sin embargo, esta historia (nunca sustentada con pruebas) fue desmentida por el propio gobierno estadunidense, el cual inauguró una exposición en la que presenta la avioneta referida como parte de su inventario y atribuye a la FBI todo el mérito de poner a Zambada ante los tribunales. Ante los nuevos datos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, denunció que, de confirmarse, la participación de dicha agencia en el operativo para detener al capo y trasladarlo a Estados Unidos “sin informar al gobierno de México representaría una violación a la Carta de Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional”.

Como señaló la presidenta Sheinbaum, el problema no se limita a que Washington mienta a las autoridades mexicanas y viole la legalidad internacional y la de nuestro país, sino que además rompe sus propias leyes y lleva a cabo negociaciones turbias con organizaciones e individuos a quienes acusa de terrorismo. Los casos de Zambada, Guzmán López, Dámaso López Serrano, El Mini Lic, y otros miembros de grupos criminales clasificados como terroristas por la Casa Blanca es una muestra incontestable de que esa designación sólo es un pretexto para el injerencismo y las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina, y que no tiene nada que ver con el combate al narcotráfico. En los hechos, la FBI, la CIA, la DEA y demás aparatos de inteligencia y espionaje son un aparato regulador del trasiego de estupefacientes, que castiga o recompensa a los delincuentes de acuerdo con la utilidad que tengan para los intereses del gobierno en turno y de las mismas agencias.

Más aun, resulta claro que esa injerencia abusiva, ilegal e imprudente, ahora documentada por la propia FBI, fue la que desató la oleada de violencia, destrucción y muerte que se abatió en los meses siguientes sobre Sinaloa, y que el gobierno estadunidense carga, por ello, con una gravísima responsabilidad.

Con todos estos elementos de juicio, está claro que México no puede confiar en su vecino del norte y necesita replantear los vínculos que los unen. Por supuesto, este viraje no puede darse como una ruptura total, pues el nivel de integración económica, los lazos históricos y los 40 millones de mexicanos y sus descendientes que habitan en territorio estadunidense obligan a mantener una relación tan fluida como sea posible, pero puede avanzarse en achicar las dependencias y buscar nuevos horizontes. Al respecto, la postura de Donald Trump en contra de la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá brinda una oportunidad para diversificar los destinos de las exportaciones mexicanas y reorientar el sector productivo.

Incluso si en dos años y medio la alternancia política en la presidencia estadunidense trajera una administración dotada de cierta sensatez que reactive plenamente el T-MEC y cese las faltas de respeto públicas a la dignidad de nuestro país, habrá de tenerse presente que lo que distingue a los inquilinos de la Casa Blanca no es si son demócratas o republicanos –de hecho, Salazar pertenece al bando de los primeros y el secuestro de El Mayo fue perpetrado en la administración del demócrata Joe Biden–, sino si cuidan o no las formas al intervenir en los asuntos de otras naciones; para decirlo en breve, es la diferencia entre la hipocresía y el cinismo.

Edición: Ana Ordaz