Ayotzinapa, ¿hacia dónde vamos?

El pasado 9 de julio de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer la Recomendación 208VG/2026 sobre el Caso Ayotzinapa, en la que pone en duda los seis informes emitidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al igual que los documentos emitidos por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y de otras organizaciones sociales y civiles, argumentando que se han generado dos narrativas que obstaculizan el esclarecimiento de la verdad; por un lado, la “verdad histórica” del 2015, creada durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto; y, por otro lado, lo que la CNDH a señalado como una “antiverdad histórica” en la que se incluyen los informes del GIEI, los que, según el organismo de derechos humanos, contribuyeron a “culpar” al Ejercito de los acontecimientos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos, habiéndose, posteriormente, identificado a tres de ellos como asesinados extrajudicialmente. 

Esta recomendación de la CNDH pone en entredicho los avances de las investigaciones sobre el Caso Ayotzinapa que el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció, dando lugar a la creación de la CoVAJ, desde donde el Gobierno mexicano reconoció que la desaparición de los 43 normalistas se trataba de un crimen de Estado, aunque se sabe que después de esas declaraciones el pacto con el Ejército fue dando, poco a poco, un giro narrativo hasta llegar a las actuales declaraciones con las que de forma más clara se busca exculpar a las instituciones castrenses de su participación, queriendo hacer creer que los militares identificados actuaron de forma individual y no respondiendo a órdenes de la cúpula militar en la que el expresidente Peña Nieto está inscrito, como si en México faltaran ejemplos de la Guerra Sucia y de la participación militar en acciones tan grandes y claramente planeadas como fue la agresión, asesinato, desaparición y ahora ocultamiento de la verdad sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la misma Recomendación, la CNDH desestima el reclamo por la presentación de 800 folios militares que desde hace años las madres y padres de los 43 normalistas han realizado para que sean entregados por la Sedena con base en los informes del GIEI, pero resulta que, a decir de la CNDH, la Sedena ha indicado que solo existen 10 archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala vinculados al Caso Ayotzinapa, y es curiosa la fe casi ciega ante esa respuesta, así como es de notarse la fuerte desestimación de las investigaciones efectuadas por el GIEI, las cuales contaron con amplio reconocimiento internacional, al igual que la desestimación de los documentos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH); es decir, pareciera que la expiación de culpa a las instituciones militares a llegado a un nuevo nivel, en la que un siguiente paso sería la declaratoria abierta de que “no se trató de un crimen de Estado”, algo que en los hechos ya se ha comenzado a ver y que ahora podría corroborarse en los discursos sin tantas ambigüedades. 

Además, algunos expertos han llamado la atención sobre el hecho de que la Recomendación de la CNDH surge en un contexto en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió reabrir la discusión sobre la sentencia del 2018, cuando se determinó la creación de la CoVAJ, misma que contribuyó a desmontar la “verdad histórica” de Peña Nieto, y dio lugar al reconocimiento de que el Caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, y todo esto podría quedar en entredicho si la SCJN resuelve ahora una interpretación diferente. 

Lo cierto, es que el Caso Ayotzinapa sigue esperando que se establezcan la verdad y la justicia, en una coyuntura álgida donde las madres y padres de los 43 desaparecidos han sido criminalizados, al igual que las miles de madres buscadoras, a pesar de su larga lucha, que está a poco más de dos meses  de cumplir doce años de un dolor que solo admite a la esperanza como bálsamo en un caminar espinoso; “hasta que la justicia se siente entre nosotros”.

Edición: Fernando Sierra