Ávila Olmeda: ingenuidad inexplicable

Desde finales de junio, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, está envuelta en un escándalo por sus contactos con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos sin acreditar su representación oficial. El 22 de ese mes, se filtró un audio con fragmentos de conversación en los que los interlocutores expresan a la política morenista poderla ayudar con eventuales “sanciones y cargos”, e insisten en estar “muy a tiempo de lograrlo”. Ávila replica que está tranquila, revela haberse reunido con las agencias estadunidenses que la han buscado y manifiesta su deseo de continuar los enlaces a través de su abogado. Al difundirse la grabación, la mandataria declaró que las pláticas se refieren a los trámites legales iniciados para recuperar su visa estadunidense, la cual le fue cancelada por Washington un año atrás.

La explicación ofrecida por la gobernadora quedó en entredicho con la filtración de un nuevo audio en el que un supuesto asesor de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) la amenaza con avanzar posibles acciones en su contra si no proporcionaba a las agencias estadunidenses lo que le exigen. Ella responde afirmando su disposición “a hablar de todo lo que pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar; puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”. Reitera haberse reunido con diversas instancias, incluida la FBI y el Departamento de Estado; se niega a cruzar a Estados Unidos o a acudir al consulado de ese país en Tijuana, y propone que la próxima reunión se efectúe en un hotel.

Tras esta segunda andanada de divulgaciones, Ávila Olmeda denunció que sólo se dieron a conocer fragmentos de la conversación a partir de los cuales se hacen inferencias erróneas. Según sostuvo, las referencias a cooperación e intercambio de información corresponden exclusivamente a la coordinación institucional que mantiene Baja California, como entidad fronteriza, con autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad. Asimismo, señaló que los supuestos intermediarios plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones, por lo que los remitió a tratar cualquier asunto de esa naturaleza mediante las vías legales e institucionales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmaron ayer que los audios no revelan la entrega de información confidencial ni contienen elementos que justifiquen, por ahora, el inicio de una investigación. Este último explicó que en las mesas estatales de seguridad no se comparte información con un grado de sensibilidad cuya transmisión genere preocupaciones.

Más allá de si la gobernadora bajacaliforniana llegó a compartir información sensible o confidencial, existen dos elementos que no deben pasarse por alto. Por una parte, la existencia de una conspiración del gobierno estadunidense o de alguien que actúa en su nombre para extorsionar a funcionarios mexicanos mediante intimidaciones inadmisibles. En este sentido, si gobernantes, legisladores y otros servidores públicos han cometido faltas, lo que corresponde según la ley y los acuerdos bilaterales es que Washington informe a sus homólogos mexicanos, no que emprenda acciones encubiertas ilegales. Por otro lado, la comunicación habitual de Marina del Pilar Ávila con individuos que pudieron o no ser espías estadunidenses, así como su explícita intención de “hablar todo lo que pueda saber”, denotan cuando menos una grave falta de criterio y una ingenuidad inexplicable al manejar asuntos de semejante índole.

Con independencia de las responsabilidades que puedan fincarse cuando se disponga de más elementos de juicio, el escándalo recuerda la importancia de que los servidores públicos de todas las ramas y todos los niveles de gobierno que no estén específicamente autorizados para hacerlo se abstengan de hablar de temas de seguridad con funcionarios extranjeros. Sin importar sus intenciones o su buena fe, al entrar en contacto con agentes foráneos vulneran la capacidad del Estado mexicano de emprender acciones soberanas contra la criminalidad y dan pie a una agudización del injerencismo desatado de Washington.

Edición: Estefanía Cardeña