Ruffo: derecha huachicolera

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo por delincuencia organizada y trasiego ilegal de combustible al ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel (1989-1995), como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, relacionada con el contrabando ilegal de combustible de Estados Unidos a México y a la que le fueron asegurados más de 15 millones de litros de hidrocarburo. El Ministerio Público Federal indicó que la aprehensión es “resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”, de la que ya se había informado el pasado 15 de julio. En ese momento, las autoridades reportaron el descubrimiento de una red de “contrabandistas ferroviarios”, la cual declaraba a las aduanas cargamentos de aditivos o aceites, o bien, gasolina o diésel, pero en “volúmenes mucho menores a los que realmente transportaban, ocultando así millones de litros de hidrocarburos”.

El arresto de Ruffo Appel –panista de toda la vida y a últimas fechas afiliado al nuevo partido Somos Mx– desató acusaciones inmediatas de motivaciones políticas. Aunque los méritos del expediente integrado por la FGR tendrán que evaluarlos las instancias judiciales correspondientes, vale la pena recordar que el papel del empresariado en el llamado huachicol fiscal y su modus operandi han sido señalados por el gran referente de la derecha nacional: el gobierno de Donald Trump. Hace dos semanas, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro aseguró que el camino del contrabando de combustibles arranca en refinerías de Texas, donde es adquirido de manera legal por comerciantes estadunidenses cómplices de los cárteles, quienes lo desvían a redes de empresas fachadas de transporte y logística bajo control del cártel Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa. Luego, la gasolina se embarca en puertos o se manda a México mediante camiones o trenes que entran por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila con documentos falsos que hacen pasar la carga por “aceites usados”, “lubricantes” o “residuos” que no deben pagar impuesto especial sobre producción y servicios. En resumen, el negocio consiste en comprar hidrocarburos a precios estadunidenses, contrabandearlos a México y revenderlos al precio local. Para ello, es indispensable contar con empresas que inyecten la gasolina de fayuca en las redes de distribución legal, tal como aparentemente hacía Ruffo Appel mediante Ingemar.

Como se puede observar, los hallazgos de la FGR coinciden con la reconstrucción de la cadena del huachicol fiscal elaborada por el FinCEN y tan aplaudida por la derecha mexicana como una supuesta muestra de la corrupción del oficialismo. De este modo, la oposición se enfrenta a la paradoja de encontrar que son sus propios integrantes quienes dirigen las operaciones criminales que ha usado sistemáticamente para atacar a sus contrincantes y construir la narrativa del narcogobierno en consonancia con los intereses del trumpismo.

Además de poner a la derecha opositora frente al espejo, la caída del político y empresario contiene un simbolismo que no puede pasarse por alto. Como primer gobernador emanado del Partido Acción Nacional y primero en ocupar ese cargo por una fuerza distinta al PRI en seis décadas, Ruffo Appel fue símbolo y beneficiario del cogobierno establecido por esos dos partidos durante el salinato y mantenido hasta la debacle electoral de ambos en 2018. El reconocimiento del triunfo de Ruffo (o la renuncia del PRI a presentar una campaña electoral en forma, según se vea) fue una de varias concertacesiones entregadas por Carlos Salinas de Gortari al blanquiazul a cambio de que éste dejara de lado las denuncias de fraude electoral de 1988 y acompañara la instauración del neoliberalismo. Aunque priístas, panistas, medios de comunicación y académicos afines han presentado estos acuerdos como una transición a la democracia, en realidad fueron un pacto mafioso: al mismo tiempo que iba transfiriendo posiciones de poder al panismo, Salinas propició el asesinato de decenas de dirigentes y militantes de izquierda, y mantuvo inalteradas las prácticas fraudulentas contra las candidaturas de este signo político. Sólo en su primer sexenio, el cogobierno prianista implementó medidas que lastiman a México hasta hoy, como la privatización corrupta de la banca, la destrucción del ejido, el debilitamiento de la separación Iglesia-Estado y la suplantación del poder político por el económico.

De este modo, y aunque se produzca años después de la debacle del prianismo, el arresto de Ruffo Appel puede leerse como un cierre del ciclo de captura del Estado y empresariado parasitario del que fue protagonista y, hasta ahora, impune beneficiario.