Opinión
La Jornada
22/07/2026 | Ciudad de México
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, estimó que la ofensiva contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero ha costado hasta ahora 37 mil 500 millones de dólares. Esta cifra, como las que ha presentado antes el Pentágono, se considera en exceso optimista por contar sólo costos operativos inmediatos, como la reposición de los cohetes, misiles y bombas lanzados contra la República Islámica. Pero en ésta, como en cualquier guerra moderna, la verdadera factura debe sumar la reconstrucción de docenas de instalaciones que han resultado gravemente dañadas, el pago de intereses, sobre todo el dinero que se ha tomado prestado para financiar las operaciones, las pensiones que deberán entregarse a los heridos y a los familiares de los muertos, o el manejo de impactos económicos como el aumento en los costos del combustible. La calificadora Moody’s Analytics estimó que en junio el costo ya ascendía a 132 mil millones de dólares, y es importante notar que desde entonces los gastos se han disparado por la reanudación de las agresiones a gran escala.
El propio Hegseth dejó ver el precio de la guerra al solicitar al Congreso 95 mil millones de dólares adicionales para financiar al ejército, sobre un presupuesto que ya rebasó el millón de millones de dólares. Ese monto también es complementario al 1.5 millón de millones de dólares que Donald Trump ya anunció como su pretensión de gasto militar en 2027. Es normal que semejantes números provoquen mareo: apenas uno de cada 10 países miembros de la ONU tiene un producto interno bruto (PIB, es decir, el tamaño total de su economía) superior al presupuesto bélico estadunidense. Sólo la mitad dispone de un PIB mayor a los 37 mil 500 millones gastados en el empeño de devastar Irán. En términos de gasto público, sólo ocho naciones (4 por ciento de la comunidad internacional) pueden movilizar lo que Washington destina a mantener su dominio armado sobre el planeta, y 64 ven pasar por sus arcas lo usado en estos meses en el golfo Pérsico.
Sería un error creer que las dimensiones de la economía estadunidense le permiten a la Casa Blanca derrochar de este modo sin comprometer el bienestar de sus ciudadanos y el equilibrio financiero. Desde el inicio del neoliberalismo, los incrementos irracionales del presupuesto militar se han realizado a expensas de la infraestructura, la educación, la salud, la seguridad social, el medio ambiente y otros sectores de gasto cuya negligencia afecta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables. Sólo el año pasado, la decisión de no renovar los subsidios federales ampliados a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (popularmente conocida como Obamacare) dejó a tres millones de personas sin cobertura de salud y obligó a quienes desean conservar sus pólizas a asumir costos mucho mayores; en muchos casos, con elecciones crueles entre pagar el seguro, los alimentos o el alquiler de la vivienda.
Pese a la idea de opulencia que predomina en el imaginario acerca de Estados Unidos, millones de personas necesitan apoyos gubernamentales para adquirir comida, y esas ayudas se han visto afectadas tanto por los recortes como por los frecuentes cierres del gobierno debidos a la ineptitud y los caprichos del trumpismo. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano calculó que en enero de 2025 había 745 mil 652 personas sin hogar en todo el país, de las cuales 266 mil se consideraban desprotegidas por pernoctar a la intemperie, en automóviles, edificios abandonados u otros sitios no aptos para la habitación humana.
En suma, el despilfarro bélico estadunidense no sólo es una amenaza para la humanidad, sino también una afrenta para las decenas de millones de sus ciudadanos arrojados a la pobreza o la precariedad por una política de gasto que pone a las grandes corporaciones que lucran con la muerte por delante de las necesidades de la mayoría.
Edición: Estefanía Cardeña
