Edomex: resultados palpables

Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, autoridades presentaron cifras que dan cuenta de una significativa reducción de la incidencia delictiva en el Estado de México. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que durante la presente administración federal –de octubre de 2024 a junio pasado– la cantidad de homicidios ha tenido una caída de 56 por ciento, con lo que ha pasado de un promedio de 6.6 a 2.8 asesinatos diarios. Otros delitos de alto impacto con importantes disminuciones son el robo a transporte público con violencia (46 por ciento), el robo de vehículo (59 por ciento) y la extorsión (40 por ciento). Este último dato es de especial relevancia dadas las dificultades que ha presentado el combate a esa acción delictiva.

Estos resultados causan alivio en la medida en que no son simples números, sino indicadores de la calidad de vida de los habitantes de la entidad más poblada del país. La reducción en los sucesos delictivos que más afectan a la sociedad se traduce en ciudadanos que llegan sanos y salvos a casa después de la jornada laboral, que pueden abrir un negocio sin entregar parte de sus ganancias a la delincuencia, que pueden preservar su patrimonio y recuperar la tranquilidad. Esto, que forma parte del derecho de todos los ciudadanos a la seguridad física y patrimonial, parecía definitivamente perdido para los mexiquenses, quienes fueron víctimas de décadas de negligencia por parte de gobiernos corruptos y omisos.

Asimismo, es satisfactorio constatar que la estrategia de seguridad diseñada por el gobierno federal funciona en el Estado de México y a escala nacional. En este sentido, destaca que junio pasado fue el mes con menos homicidios dolosos en el país desde hace 19 años. Respecto al Estado de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó que la estrategia de mando único en 15 municipios de la zona oriente ha permitido la aprehensión de 3 mil 330 integrantes de bandas criminales vinculados con delitos de alto impacto. Por su parte, la lucha contra la corrupción mediante la operación Enjambre ha llevado al arresto de 60 servidores y ex servidores públicos que daban protección a organizaciones del crimen organizado o que directamente pertenecían a ellas.

Sin restar importancia a acciones directas como las descritas por García Harfuch, es necesario enfatizar que el aspecto de la estrategia más encomiable y con mayor trascendencia en el largo plazo reside en la atención a las causas, es decir, en los múltiples esfuerzos para revertir el abandono gubernamental hacia la sociedad mexiquense y los graves daños al tejido social. Como señaló la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se han efectuado “mil 255 jornadas por la Paz, con la participación de más de 400 mil personas”.

Además, se ha desplegado a servidores públicos para realizar visitas casa por casa en las cuales “registran las necesidades de la población, identifican y canalizan a jóvenes en contexto de vulnerabilidad, escuchan y atienden a las familias directamente en sus hogares, detectan alertas de víctimas de violencia con acciones de respuesta inmediata y determinan espacios comunitarios inseguros o abandonados”.

Frente a la espectacularidad de los operativos y los despliegues de uniformados, es preciso tener presente que una paz duradera sólo es posible cuando las necesidades de la población están atendidas y el conjunto de la sociedad rechaza el delito, violento o no, como vía para el enriquecimiento.

No cabe incurrir en triunfalismos, puesto que el crimen dista de estar erradicado y la entidad se encuentra lejos de garantizar una justicia social integral a sus habitantes, pero es necesario reconocer los avances y llamar a redoblar el paso, ya que los mexiquenses han vivido demasiado tiempo en la zozobra y el incumplimiento sistemático de sus derechos.

Edición: Ana Ordaz