Opinión
La Jornada
24/07/2026 | Ciudad de México
El gobierno de Donald Trump anunció que entrarán en vigor aranceles de entre 10 y 12.5 por ciento a un grupo de 60 países a los que señala de no emprender acciones suficientes contra el trabajo forzado. Es necesario plantear varias consideraciones para entender el significado y alcance del anuncio. En primer lugar, no se trata de tarifas adicionales a las ya existentes, sino que remplazan a las previas como parte de un cálculo del trumpismo en que el mecanismo usado para implementar los nuevos gravámenes será más difícil de desafiar en tribunales y estará menos expuesto a reveses judiciales como los que padeció su herramienta favorita, la cual le permitía imponer aranceles ilimitados antes de que la Suprema Corte estadunidense estableciera que carecía de fundamento legal para aplicarla.
Por otro lado, es importante decir que no implica un señalamiento sobre la existencia de trabajo forzado en México y, en realidad, no tiene que ver en absoluto con la explotación laboral. Su base es la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA), una norma de 2022 que etiqueta a todos los bienes producidos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China, como fabricados con trabajo forzado y prohíbe su entrada a Estados Unidos. Para poner en marcha el veto no se requiere ninguna prueba de la existencia de malas prácticas laborales, sólo que un producto contenga algún componente de esa región o de cualquier entidad que Washington decida meter a una lista negra arbitraria. Es decir, forma parte de la guerra comercial con que Estados Unidos busca frenar su declive ante el ascenso chino, y se castiga a otros países por no seguir con suficiente entusiasmo las directrices geopolíticas de la Casa Blanca.
La misma administración republicana dejó claro que los derechos de los trabajadores son un pretexto sustituible por cualquier otro que sirva a sus intereses. En una llamada con periodistas previa al anuncio de la oficina del Representante Comercial, altos funcionarios dijeron que “el presidente no permitirá que su política comercial y sus objetivos generales se vean socavados simplemente porque una herramienta puede estar limitada por un tribunal u otra cosa”, y “el verdadero mensaje aquí que todos deben entender es que el presidente siempre va a utilizar las herramientas a su disposición para lograr sus objetivos de política comercial”.
Por último, la continuidad de los aranceles debe analizarse en el contexto de la guerra que Donald Trump está librando –y perdiendo– en Irán, para la cual acaba de solicitar al Congreso una asignación de 95 mil millones de dólares, adicionales al billón (millón de millones) que ya se le entregó en el presupuesto militar de este año, y al billón y medio que pedirá para 2027. Mientras nadie le ponga freno, el magnate seguirá dislocando las cadenas de suministro globales y encajando a los consumidores de su país el costo de sus desastres bélicos.
Edición: Ana Ordaz
